Valladolid pospone las sanciones en la ZBE mientras busca una vía legal para su suspensión.
VALLADOLID, 30 de marzo. En una reciente sesión del Pleno municipal, el concejal de Tráfico y Movilidad de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca, expresó su conformidad con una enmienda del Grupo Socialista que pedía suspender de inmediato las sanciones derivadas de la controvertida Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuya validez fue cuestionada por el TSJCyL. Sin embargo, Gutiérrez sugirió que en lugar de "instar al alcalde" Jesús Julio Carnero, se tratara como un acuerdo formal del Pleno, propuesta que no fue aceptada por el PSOE, lo que llevó a que la iniciativa no prosperara.
En la misma reunión, los partidos que componen el equipo de Gobierno, PP y Vox, presentaron una moción que demandaba el inicio de procesos administrativos para posponer las sanciones vinculadas a la ZBE. Así, las multas continúan en vigor, aunque el alcalde ha resaltado la necesidad urgente de una solución.
El regidor del PP subrayó que su administración se enfocará en tres acciones principales: recurrir al Tribunal Supremo, crear una nueva ordenanza de ZBE que se ajuste a la normativa actual—considerando la creciente importancia de los picos de contaminación—y establecer de manera rápida una estrategia legal para suspender las sanciones, asegurando al mismo tiempo el manejo adecuado de las ayudas europeas relacionadas.
El Grupo Municipal Socialista planteó diversas enmiendas durante el debate sobre la moción de PP y Vox, insistiendo en que el equipo de Gobierno tiene las capacidades para dirigir una solución al problema surgido tras la anulación de la ordenanza de la ZBE. El portavoz socialista, Pedro Herrero, subrayó la falta de voluntad del alcalde para actuar de manera que se evitaran las multas desde el momento de la sentencia, fechada el 17 de marzo.
En respuesta, Gutiérrez argumentó que PP y Vox estaban dispuestos a suspender todos los procesos sancionadores en curso. Propuso una "enmienda transaccional" que buscaba centrar la discusión en el bienestar ciudadano, resaltando que la creación de una nueva ordenanza y el uso adecuado de los fondos europeos debería ser la prioridad. Sin embargo, Herrero mantuvo que el planteamiento había sido previamente presentado por su grupo y criticó el enfoque del PP como una corrección sobre una propuesta débil.
El alcalde, tras escuchar a los diferentes grupos, propuso que si las enmiendas cambiaban la frase "instar al alcalde" por "el Pleno acuerda", su grupo consideraría apoyar algunas de ellas. A pesar de ello, el portavoz socialista se mantuvo firme en su posición y las enmiendas fueron finalmente rechazadas. La moción del PP y Vox se aprobó con 14 votos a favor, mientras que el PSOE se abstuvo con sus 11 concejales presentes.
Durante el debate, la oposición expresó críticas sobre la gestión de la ZBE por parte del equipo de Gobierno, mientras que desde el PP se destacó que varios ayuntamientos en España enfrentan problemas similares de invalidez por defectos formales. La portavoz de Vox, Irene Carvajal, se opuso a las restricciones actuales en Valladolid y acusó al exalcalde de usar los fondos europeos con fines amenazantes.
Carvajal se lanzó contra el PSOE, al que denominó inadecuadamente, mientras que Herrero le recordó que la ZBE fue también apoyada por Vox, alineándose con el PP en su aprobación. Por otro lado, Rocío Anguita, portavoz de VTLP, coincidió con el PSOE al afirmar que el "problema de las multas" podría haberse resuelto ya, pero criticó al equipo de Gobierno por dejar a los ciudadanos en una situación de "inseguridad jurídica" sobre las sanciones.
Anguita planteó que lo más sensato sería comenzar a trabajar en una nueva ZBE para proteger la salud de los ciudadanos y lanzó la incógnita de si PP y Vox propondrían las mismas restricciones que habían aprobado en 2024, o si, irónicamente, limitarían la ZBE a "solo la Plaza Mayor".