VALLADOLID, 3 de octubre. La representante de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo en Valladolid ha reafirmado este viernes su solicitud de una pena de más de cuatro años de prisión para cada uno de los tres hermanos implicados en la gestión de una factoría de reciclaje de chatarra ubicada en Renedo, que operó entre 2006 y 2018 sin las licencias necesarias para tratar residuos peligrosos y no peligrosos. Durante este tiempo, se sospecha que causaron una grave contaminación en una parcela que vendieron en 2021 para el desarrollo de un centro hípico, ocultando la verdadera situación del terreno a los nuevos propietarios.

La fiscal argumentó que las evidencias obtenidas a través de testimonios, informes técnicos y documentación, respaldan su acusación contra José María, María de la Flor y Francisco Javier C.S. El primero actuaba como administrador de la empresa, la segunda se encargaba de las finanzas y el último se ocupaba del mantenimiento. La fiscal expone que los delitos cometidos durante el periodo investigado son suficientes para imponer una condena de tres años y seis meses de prisión, junto a una multa de 7.200 euros por el daño ambiental, así como otros diez meses de cárcel por estafa.

A pesar de las acusaciones, los tres hermanos, que declararon al final del procedimiento judicial, han rechazado asumir cualquier culpa relacionada con los residuos hallados en el terreno vendido. José María negó con firmeza las acusaciones, afirmando que nunca se le habría ocurrido enterrar materiales contaminantes cuando la empresa se trasladó a La Cistérniga.

En su alegato, José María recordó cómo, tras el fallecimiento de su padre en 2006, asumió la dirección de la empresa junto a sus hermanos, sin saber que su progenitor había solicitado previamente una autorización a la Junta para gestionar residuos peligrosos. Fue solo cuando llegó la carta de denegación de la Junta que se enteraron de la situación legal de la empresa.

El acusado, en declaraciones a Europa Press, no sólo rechazó ser responsable de los vertidos en la parcela, sino que también sugirió que los bidones hallados en el terreno donde operaba la empresa eran parte de sus actividades legales. Aclaró que no sabía que la parcela, a pesar de ser considerada suelo industrial, se había vendido como terreno rústico. Según él, los nuevos compradores estaban muy interesados, pero poco claros sobre sus intenciones con el terreno.

A pesar de las declaraciones de los acusados, la fiscalía sostiene que la actividad ejercida sin la debida autorización y la contaminación de la parcela son motivo suficiente para mantener los cargos. La acusación recalca que conocían la condición del terreno al momento de su venta y ocultaron información vital a los compradores.

Los informes en torno al caso se han aplazado para el 10 de octubre, dado que uno de los abogados de la defensa no pudo comparecer. La fiscalía basa su caso en las muestras recogidas por la Guardia Civil en el lugar, las cuales revelaron una elevada carga de metales pesados, representando un riesgo significativo para la salud pública y el ecosistema.

Un experto contratado por la parte demandante, quien se retiró del proceso penal tras recibir compensación, también advirtió sobre el riesgo que la contaminación podría suponer no solo para la salud humana, sino también para los caballos que podrían ser utilizados en la actividad hípica proyectada en el terreno. Resaltó que esta contaminación es incompatible con dicha actividad y puede conllevar riesgos cancerígenos.

Por el contrario, los abogados de los acusados han solicitado la absolución, argumentando que ninguna de las pruebas presentadas los vincula con los vertidos. Desacreditan la metodología de las muestras tomadas por la Guardia Civil y sugieren que la cadena de custodia fue inadecuada.

Defensores resaltaron que la utilización de un tractor para las muestras podría haber causado contaminación cruzada y cuestionaron la acreditación de los agentes en esta tarea. Además, alegaron que las muestras fueron transportadas sin las debidas condiciones de cuidado, lo que podría haber afectado los resultados.

Este juicio ha sido interrumpido y se reanudará el 10 de octubre, cuando se presenten las conclusiones finales de ambas partes antes de que el caso se pase a sentencia.