En un contexto de creciente preocupación por el futuro del sector agrario, diversas organizaciones agrarias de Castilla y León, como Asaja, la alianza UPA-COAG y UCCL, han alzado la voz para expresar su firme rechazo a la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034. Según estas entidades, la nueva regulación resultaría “perjudicial”, no solo para los agricultores y ganaderos, sino también para el desarrollo de las comunidades rurales. En este sentido, hacen un llamado a las instituciones europeas para que reconsideren su enfoque y presenten una propuesta que asegure un presupuesto adecuado y la igualdad territorial.

La portavoz socialista de Agricultura y Ganadería en las Cortes, Virginia Jiménez, quien respaldó esta declaración institucional en un encuentro con el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, enfatizó que la reforma propuesta por la Comisión Europea representa un “duro golpe” para las zonas rurales de la región. Jiménez detalló que el nuevo marco financiero internacional implica recortes significativos en el presupuesto destinado a la agricultura, de hasta un 22% con respecto al periodo anterior, además de simplificar la estructura actual en un único fondo central, lo que podría generar nuevas iniquidades en el sector.

Asimismo, la propuesta conlleva la eliminación de importantes ayudas directas para los agricultores y el cambio en la gestión del segundo pilar de desarrollo rural, que estaría a cargo de los estados miembros. Este cambio es visto como un potencial generador de desigualdades, que podría impactar más negativamente a las áreas rurales que ya enfrentan problemas de despoblación y dependen en gran medida de la agricultura.

En este contexto crítico, el PSOE subraya la necesidad de una unidad política y social sin precedentes para detener la reforma y abogar por una PAC que sea fuerte y equitativa. Virginia Jiménez insistió en que este es un tema que trasciende las divisiones partidistas, representando una voz colectiva de los trabajadores del campo y de las comunidades rurales.

La portavoz también recalcó que la declaración institucional es el reflejo de una “unidad social, agraria e institucional” que busca enfrentar la postura de la Junta de Castilla y León, que, según ella, se limita a exigir al Gobierno central sin atender a las necesidades reales del sector agrario local. Jiménez lamentó que tanto el Partido Popular a nivel europeo como en España busquen desmantelar la PAC a través de recortes históricos que socavan la solidaridad europea, fundamental para la sostenibilidad del campo.

El PSOE considera esta propuesta de la Comisión como un grave error y se comprometió a luchar contra ella de manera decidida desde Castilla y León. Para ello, se planteará llevar las propuestas incluidas en la declaración a las Cortes, ya sea mediante proposiciones no de ley o preguntas dirigidas a las autoridades competentes.

Las organizaciones agrarias, junto al apoyo del PSOE, han definido un conjunto de exigencias que quisiera ver incluidas en la nueva propuesta de la PAC, destacando la necesidad de asegurar un presupuesto suficiente y la igualdad territorial, así como el mantenimiento de las dos estructuras de la PAC. También se hace un llamado a incorporar el principio de reciprocidad en los acuerdos comerciales con países terceros, asegurando que todos los productos cumplan con los mismos estándares medioambientales y sociales que se exigen a los productores locales.

Adicionalmente, el documento aboga por la revisión de los requisitos medioambientales que incrementan de manera injustificada los costos de producción sin fundamento científico, y reclama una simplificación efectiva de la nueva PAC que elimine la burocracia innecesaria.

Asimismo, las organizaciones hacen un llamado al Gobierno central y a la Comisión Europea para que implementen medidas concretas que mitiguen los efectos negativos que el acuerdo arancelario con Estados Unidos ha tenido sobre los ingresos del sector agrícola y ganadero. También solicitan que la nueva PAC priorice el enfoque rural y territorial, asegurando la protección de los agricultores profesionales y reservando recursos mínimos para las áreas despobladas y montañosas.

Finalmente, instan a la Administración autonómica a colaborar estrechamente con las organizaciones agrarias, los pueblos y los grupos de acción local para asegurar que los fondos de desarrollo rural beneficien a todas las comunidades, garantizando un futuro sostenible y justo para el sector agrario.