VALLADOLID, 1 de noviembre.

Un caso inquietante de fraude ha llevado a la Guardia Civil a arrestar a un hombre de 56 años en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, tras utilizar datos personales ajenos para acceder a una generosa subvención de 77.000 euros, financiada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

La víctima, un hombre de 70 años, intervino tras recibir un aviso de la Agencia Tributaria, que le solicitaba actualizar su declaración de IRPF para incluir la referida subvención, otorgada por la UE para llevar a cabo labores de poda dirigidas a la conservación de los bosques.

Dicha ayuda, que se concedió en función de los criterios establecidos por la Junta, abarcaba un total cercano a los 77.000 euros, a recibir en varias anualidades, lo que hizo el fraude aún más perjudicial para el afectado.

Después de que la denuncia llegara al Puesto Principal de La Bañeza, el área de investigación emprendió acciones para comunicarse con las diferentes administraciones implicadas en el proceso de la subvención.

Durante la indagatoria, se reveló que la situación había comenzado cuando la víctima compartió una foto de su DNI mediante WhatsApp. Este documento fue utilizado para gestionar la subvención de manera fraudulenta, añadiendo también datos y firmas de otros individuos de la región con el fin de formar una agrupación de propietarios forestales.

Las gestiones realizadas con las personas que figuraban como firmantes del Acuerdo de Constitución de la supuesta agrupación revelaron que no conocían el documento. Además, se descubrieron firmas de personas fallecidas desde 2009, lo que ha profundizado las sospechas sobre la magnitud del engaño, según un comunicado oficial de la Guardia Civil, citado por Europa Press.

El presunto autor del fraude había recibido en su cuenta más de 29.000 euros derivados de esta manipulación. Actualmente, tanto las diligencias como el detenido han sido entregados al Juzgado de Instrucción de Arroyo de la Encomienda, que ha remite la información al Juzgado de Guardia de La Bañeza, dado que los delitos se produjeron en su jurisdicción. La Junta de Castilla y León también ha intervenido, procediendo a la suspensión de la subvención.