Castilla y León busca devolver a menores migrantes a Senegal: esto es lo que cambia

La Junta de Castilla y León quiere acelerar la vuelta a sus países de origen de los menores extranjeros no acompañados que viven en la comunidad. Y el primer paso llega mañana, con una reunión entre Carlos Pollán y el embajador de Senegal en España.

El encuentro se celebrará en la propia Embajada y tiene un objetivo concreto: sentar las bases de acuerdos con los países de origen para "facilitar" los retornos de estos chavales con sus familias. Así lo ha confirmado la información de Europa Press.

¿De dónde sale esta prisa? Del pacto de gobierno firmado entre PP y Vox el 3 de junio por Pollán y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. En su punto 10.2 se recoge que la Junta trabajará "activamente por devolver" a estos menores a sus países, apoyándose en la Ley de Extranjería.

Aquí conviene parar un momento. Hablamos de niños y adolescentes que llegaron solos, muchas veces tras viajes durísimos. Cada uno tiene una historia distinta, y decidir su retorno no es un trámite administrativo cualquiera. Lo que se acuerde mañana puede afectar a la vida de chicos que hoy están en centros de acogida de Valladolid, León, Burgos o Salamanca, por citar algunas ciudades.

Para el vecino de a pie, la pregunta es sencilla: ¿qué garantías hay de que el retorno sea seguro y de que el menor vuelva con una familia que pueda cuidarlo? El texto del pacto habla de "agilizar" y "facilitar", pero no entra en detalles sobre cómo se verificará eso. Y ahí es donde están las dudas de muchas entidades sociales y juristas, que piden que el interés superior del menor pese más que la rapidez de los trámites.

Lo que puede pasar ahora es que la reunión de mañana se salde con un compromiso de trabajo conjunto, sin acuerdo cerrado todavía. Los acuerdos bilaterales de este tipo suelen tardar meses en concretarse y requieren además la participación del Gobierno central, porque la Junta tiene competencias muy limitadas en relaciones internacionales.

¿Qué pueden hacer los afectados y sus familias? Informarse a través de los servicios de protección de menores y de las entidades sociales, pedir asesoramiento jurídico si hay un expediente abierto y seguir de cerca las decisiones de la Junta. Y, para el resto de la ciudadanía, exigir transparencia: que se sepa qué países, qué garantías y qué criterios se aplican en cada caso.