Castilla y León exige devolver a los menores a Marruecos y no participará en la reunión oficial

La Junta de Castilla y León ha decidido no asistir a la reunión del próximo 13 de agosto sobre infancia y adolescentes, y además, impugnará judicialmente todos los casos en los que no se haya tramitado el retorno de los menores a Marruecos.

Esta decisión llega después de que el gobierno central no haya cumplido con su obligación de tramitar correctamente los expedientes de los menores y, en su lugar, pretenda trasladarlos a otras comunidades sin las resoluciones legales necesarias. La Junta aclara que solo los menores cuya reunificación familiar esté acreditada podrán permanecer en España, y el resto deben ser retornados a Marruecos.

Para los ciudadanos, esto supone que no se aceptará que menores extranjeros no acompañados queden en Castilla y León sin un proceso legal claro. La comunidad defiende que el país vecino, Marruecos, es seguro y que la decisión de quedarse en España corresponde solo al Estado, no a las comunidades autónomas.

Esto puede afectar a las familias y a la percepción de la gestión del fenómeno migratorio en la región. La postura de Castilla y León pone en duda la política del Gobierno central y su capacidad para gestionar estos casos de forma legal y ordenada.

Ahora, lo que se espera es que el Ministerio respete los procedimientos y deje de mover a los menores sin las garantías jurídicas establecidas. Los afectados, tanto familias como instituciones, deberían estar atentos a cualquier avance y exigir transparencia en los procesos.

En definitiva, esta situación puede marcar un antes y un después en cómo se gestionan los menores migrantes en Castilla y León y en toda España. La clave será que se respeten los derechos y el interés superior del menor, tal y como reclama la comunidad.