VALLADOLID, 7 de enero. La desigualdad en el ámbito educativo ha llevado a un grupo de 150 profesores de la educación concertada, con más de 25 años de trayectoria profesional, a tomar la decisión de buscar justicia ante un sistema que consideran les discrimina. Este colectivo denuncia que su exclusión del complemento de carrera profesional implica una pérdida salarial cercana a los 7.000 euros anuales.

Los portavoces de la plataforma Profesores Educación Concertada Afectados por la Carrera Profesional (Pecap), Regina Gutiérrez y Roberto Fernández, han compartido su historia con los medios, resaltando la “soledad” que sienten frente a esta situación. Afirman que están desprovistos de apoyo tanto por parte de los sindicatos, como de la patronal y de la administración autonómica.

La raíz del problema se encuentra en un acuerdo firmado en 2021 en la Mesa Sectorial, que dejó a este grupo sin el derecho a una carrera profesional que así lo estipula el convenio nacional, a pesar de haber recibido una paga única al cumplir 25 años de servicio. Este pacto fue criticado por diversos sectores, y Roberto Fernández destacó que únicamente el sindicato UGT se abstuvo de respaldarlo, reconociendo así la discriminación que este suponía.

“Desde que se firmó ese acuerdo en noviembre de 2021, aquellos compañeros que sí están en la carrera profesional reciben un 20% más que nosotros. Por ejemplo, un profesor de Secundaria puede ganar 6.731 euros más al año que yo, lo que se traduce en alrededor de 480,81 euros mensuales. En el caso de Primaria, esa cantidad sería de 5.115 euros anuales, es decir, aproximadamente 365,42 euros al mes. Esa es la discriminación que estamos sufriendo los docentes más veteranos”, expone Fernández, quien alerta sobre el impacto a largo plazo: durante su trayectoria laboral, podrían perder entre 50.000 y 60.000 euros, además de recibir pensiones inferiores al finalizar su carrera.

Frente a la desatención que han encontrado al solicitar reuniones con la Consejería de Educación y los sindicatos, los afectados decidieron organizarse y presentar una queja formal al Procurador del Común, quien en 2023 respaldó su postura y pidió a la Junta que cesara esta “discriminación”. Sin embargo, advierten que la respuesta no ha sido efectiva, ya que este organismo no tiene poder vinculante y no ha habido cambios concretos por parte de la Consejería.

Ante la falta de soluciones, los docentes se han visto forzados a recurrir al ámbito judicial. Sin el respaldo de un colectivo que los apoye, han decidido presentar 150 demandas individuales. El primer juicio está programado para el 24 de enero en la Sala 3 del Juzgado de lo Social contra la Administración educativa de Castilla y León, y desde entonces, los miembros de la plataforma, originarios de diversas provincias como Valladolid, Burgos, Ávila, Segovia y Salamanca, buscarán hacer valer su derecho a una equidad salarial que les ha sido negada.

Aunque actualmente la plataforma cuenta con 150 integrantes, desde el grupo estiman que hay alrededor de 800 docentes en esta misma situación. “Muchos desconocen que enfrentan este problema, y otros no han recibido la información adecuada por parte de los sindicatos. Desde nuestra plataforma, queremos compartir nuestra experiencia y proporcionar información clara sobre los pasos a seguir”, añade uno de los portavoces, subrayando que la problemática es exclusiva de Castilla y León, la única comunidad que ha implementado este complemento de carrera profesional en las condiciones retributivas de los docentes.

El abogado que representará a este grupo en su litigio se muestra optimista: “Cuando un colectivo decide iniciar un proceso judicial es porque están convencidos de que existe una base sólida para reclamar, ya que se está vulnerando el principio de igualdad salarial”, explica, mientras el grupo se prepara para afrontar este nuevo capítulo en su lucha por justicia.