Este miércoles, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, María González Corral, formalizó una declaración junto a los líderes de las organizaciones profesionales agrarias (OPA) de la región, como Asaja, UPA, COAG y UCCL. El acuerdo aborda los ejes fundamentales de la futura Política Agrícola Común (PAC), destacando la necesidad de mantener los dos pilares que sustentan esta política y de aumentar las dotaciones de los fondos FEAGA y FEADER.

La declaración fue presentada durante el Consejo Regional Agrario que tuvo lugar en Medina del Campo, donde se establecieron 19 propuestas clave. Entre estas, se subraya la relevancia de diseñar el próximo marco financiero tomando en cuenta la despoblación, instando a los Estados miembros a utilizar este criterio para distribuir los fondos de manera más territorializada.

Los representantes agrarios también hacen hincapié en la urgencia de simplificar la PAC antes de 2025, solicitando una revisión en la complejidad de la condicionalidad reforzada de las ayudas. Además, piden que la próxima política agrícola implemente una simplificación efectiva en todos sus niveles para reducir la burocracia que tanto ahoga al sector.

Otra de las preocupaciones expresadas por la Junta y las OPA es la necesidad de establecer normativas claras y coherentes que permitan al sector adaptarse a los desafíos actuales. También subrayan que la protección del medio ambiente debe ser un incentivo y no una traba para la producción agrícola.

La incorporación de jóvenes al campo es vista como una prioridad estructural; por ello, en el comunicado se recalca la necesidad de implementar medidas atractivas y eficaces en el ámbito de los pagos directos y en el desarrollo rural para asegurar un futuro sostenible con un nuevo aporte de capital humano.

En esta dirección, se reclama que se establezcan mecanismos legales que aseguren precios justos para los agricultores y ganaderos, superiores a los costes de producción. También se insiste en reforzar el principio de reciprocidad en la importación de productos, garantizando que se respeten las condiciones de producción adecuadas.

Adicionalmente, proponen avanzar hacia un sistema europeo de garantías de riesgos que ofrezca coberturas adecuadas para proteger las rentas del sector. Están convencidos de que esto no solo salvaguardará la estabilidad económica, sino que también facilitará la entrada de jóvenes al sector. Asimismo, piden inversiones en innovación y digitalización, así como un enfoque específico para las regiones del sur de Europa, incluyendo el desarrollo de estructuras hídricas necesarias.

Los firmantes defienden que la PAC debe enfocarse en apoyar a los agricultores profesionales, aquellos que dependen de la agricultura como fuente significativa de sus ingresos, considerando también factores como la seguridad social y el régimen fiscal. Asimismo, rechazan medidas de reducción de pagos que afecten negativamente a las explotaciones locales, a menos que beneficien de manera directa a los agricultores profesionales.

Las ayudas vinculadas a ciertas producciones deben contar con fondos adecuados, especialmente para los sectores que enfrentan vulnerabilidades económicas, sociales o medioambientales. El objetivo es apoyar a aquellas áreas que no se alinean con el modelo agrícola general basado en la propiedad territorial.

Por último, enfatizan la necesidad de crear un sistema que garantice un retorno económico proporcional a la contribución de los agricultores hacia la reducción de emisiones. Destacan que el marco de la PAC para el período 2028-2034 debe incluir las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad en todos los aspectos del sector agrícola y ganadero en Castilla y León.

La consejera González Corral concluyó que el objetivo de esta declaración es comunicar al Ministerio de Agricultura y a la Unión Europea las verdaderas necesidades del campo de Castilla y León, planteando un mensaje de unidad y cooperación con las organizaciones agrarias en la defensa del futuro del sector rural.