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Congreso rechaza las 'leyes de concordia' propuestas por el PP y Vox.

Congreso rechaza las 'leyes de concordia' propuestas por el PP y Vox.

El Pleno del Congreso ha aprobado una iniciativa presentada por PSOE y Sumar que condena las llamadas 'leyes de concordia' promovidas por el PP y Vox en varias comunidades autónomas. Estas leyes buscan derogar normativas de memoria histórica, eliminando la condena al golpe de Estado de 1936, equiparando regímenes democráticos con el régimen franquista y borrando los mapas de fosas en dichos territorios.

La propuesta fue aprobada con los votos de los partidos del Gobierno y sus aliados, mediante una autoenmienda registrada por el PSOE y Sumar a una proposición no de ley presentada por los socialistas en una sesión anterior.

Durante el debate, los partidos que apoyan al Gobierno exigieron que se implementen todos los puntos de la Ley de Memoria Democrática que aún no se han llevado a cabo, un año y medio después de su entrada en vigor. Consideran que es necesario abordar estas 'leyes de concordia' promovidas por PP y Vox en varias autonomías donde gobiernan juntos.

El Congreso, a través del texto aprobado, expresa su rechazo a las normativas impulsadas por PP y Vox, argumentando que buscan evitar la aplicación de principios fundamentales como verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Asimismo, la Cámara muestra su oposición al uso del término 'concordia' como un recurso para suavizar la condena al golpe de Estado de 1936 y equiparar regímenes democráticos con el franquista, así como para eliminar los mapas de fosas comunes de la época.

En este sentido, el Congreso insta al Gobierno a preservar la memoria democrática en todo el territorio nacional frente a intentos de derogarla.

La Cámara reafirma el compromiso de España con los mandatos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Ley de Memoria Democrática, comprometiéndose a garantizar la preservación de la memoria colectiva sobre graves violaciones de derechos humanos.

El texto aprobado subraya que este mandato abarca a los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) y a todas las entidades gubernamentales (estatal, autonómica y local), instándolos a garantizar que se mantenga viva la memoria de las víctimas de dichas violaciones durante la Guerra Civil y la dictadura franquista como parte esencial de la reparación a las víctimas y para garantizar la verdad, justicia y la no repetición de la violencia del pasado.