VALLADOLID, 24 de julio.

En un fuerte llamado a la acción, Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, ha expresado su preocupación por la “información extremadamente limitada” que el Gobierno central ha compartido con las comunidades autónomas sobre el nuevo Decreto de reubicación de menores migrantes no acompañados. En un momento de incertidumbre, ha señalado que solo el País Vasco parece tener claridad sobre cómo proceder, ya que no enfrentará la reubicación, recibiendo un total de “0” menores.

Durante una rueda de prensa que siguió al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo se pronunció sobre el Decreto que se implementará a partir de este jueves, publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado. Destacó que tanto Castilla y León como otras autonomías han revisado el contenido del Decreto y planean presentar un recurso legal debido a la “desigualdad en la distribución de menores” y a la falta de diálogo y consenso en la elaboración del mismo.

El portavoz enfatizó que “son varias las comunidades autónomas que manifiestan su rechazo a esta desigual distribución”, independientemente de su orientación política, subrayando que la decisión se ha tomado sin el debido consenso con las distintas regiones del país.

Fernández Carriedo ha demandado respuestas al Gobierno sobre las razones que llevan a que Castilla y León asuma 197 menores, mientras que Cataluña solo recibirá a 31 y el País Vasco no acogerá a ninguno. Lamentó que no se haya proporcionado información o documentos que respalden esta decisión, ni que se haya debatido en las reuniones previas con las comunidades.

Además, denunció que “hay reuniones entre el Gobierno y ciertos partidos separatistas” donde se han tomado decisiones que han llevado a esta distribución desigual, lo que agrega una capa de polémica a un tema tan delicado.

Sobre la capacidad de acogida de estos menores, Fernández Carriedo afirmó que los recursos de la Junta se encuentran “completamente desbordados” y subrayó que estos niños no deberían ser utilizados como una herramienta en las negociaciones políticas. “Es crucial que mantengamos a los niños inmigrantes al margen de estas negociaciones entre el Gobierno y los partidos separatistas,” insistió, abogando por la necesidad de establecer recursos adecuados y específicos para garantizar su bienestar.

Finalmente, el portavoz expresó su preocupación por la falta de claridad acerca de cómo, cuándo y en qué condiciones llegarán los menores a Castilla y León. En consecuencia, solicitó esperar a que se analice el documento en detalle antes de proceder con el recurso previsto.