VALLADOLID, 7 Ene. - En un contexto de creciente desigualdad, Castilla y León ha recortado su gasto en Rentas Mínimas de Inserción (RMI) en un alarmante 69,7 por ciento durante los últimos tres años, coincidiendo con la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Este dramático descenso ha llevado a que solo un 1,7 por ciento de la población en situación de pobreza en la región se beneficie de estas ayudas, según revela el Informe de RMI 2023 del Ministerio de Derechos Sociales, que ha sido objeto de análisis por parte de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Entre las trece comunidades autónomas que han recortado su gasto en RMI, Castilla y León se sitúa en la triste lista de las cinco que no logran atender ni al 2 por ciento de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, alcanzando apenas un 1,7 por ciento en este indicador crítico.

En términos absolutos, la inversión en RMI ha caído drásticamente: la comunidad ha desaprovechado más de 36 millones de euros, pasando de una cifra de 52.693.771,16 euros en 2020 a solo 15.955.392,51 euros en 2023. Durante este lapso, los beneficiarios de estas ayudas se han visto reducidos en un 72,46 por ciento, lo que se traduce en casi 19.000 personas menos que reciben apoyo estatal, pasando de 26.529 a 7.307.

A pesar de estos recortes, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha declarado que el Gobierno Regional ha expresado su “compromiso” de reinvertir el “ahorro” obtenido de la RMI en otros servicios sociales, aunque muchos se cuestionan si esto será una verdadera solución a la creciente precariedad en la región.

A nivel nacional, la situación es igualmente preocupante: desde 2020, el número de perceptoras de RMI ha bajado un 28,6 por ciento en España, con Madrid a la cabeza, donde se ha llegado a perder hasta un 90 por ciento de beneficiarios, y Andalucía, que presenta una reducción del 84,4 por ciento.

La situación se complica aún más al considerar que solo el 5,9 por ciento de la población que vive en la pobreza en España ha logrado beneficiarse de las RMI ofrecidas por las comunidades autónomas. Este porcentaje ha ido en declive desde 2015, salvo en el año 2020, cuando, a raíz de la pandemia, alcanzó su punto más alto con un 8,7 por ciento.

Adicionalmente, se observan diferencias significativas entre comunidades autónomas. Por ejemplo, el País Vasco y Navarra presentan porcentajes sobresalientes, con más del 50 por ciento de su población en situación de pobreza beneficiándose de las RMI, contrastando con comunidades como Castilla y León, donde apenas se asiste al 1,7 por ciento.

Otras cinco comunidades autónomas también se encuentran en una situación crítica, con RMI que no llegan ni al 2 por ciento de la población bajo el umbral de pobreza. Junto a Castilla y León, estas son Murcia (1,2 por ciento), Madrid (0,8 por ciento), Andalucía (0,7 por ciento) y Castilla-La Mancha (0,3 por ciento).

La cuantía media recibida por persona a través de las RMI en España representa solo el 15,9 por ciento de la renta media por hogar, una cifra catalogada como “extremadamente baja”, según ha denunciado la asociación. Aunque este año se ha observado un ligero aumento de dos puntos, sigue siendo insuficiente para subsanar las necesidades de la población afectada.

Desglosando la información por comunidades, se nota que Baleares, con un 36,4 por ciento, y Cataluña, con un 18,3 por ciento, lideran las cuantías en relación a la renta media de sus hogares. Otros territorios como Canarias (17,9 por ciento), Asturias (16,5 por ciento) y la Comunidad Valenciana (15,2 por ciento) también presentan cifras relativamente mejores.

Por el contrario, en la parte baja de la tabla se encuentran Murcia (9 por ciento), Madrid (9,1 por ciento) y, en el caso más extremo, Aragón, donde la RMI apenas representa el 0,7 por ciento de la renta media de los hogares, una situación que deja en claro la urgente necesidad de una revisión profunda de las políticas de asistencia social en estas comunidades.