Un importante golpe al crimen organizado ha tenido lugar en España, donde cinco individuos han sido arrestados y otros 15 están bajo investigación por su implicación en el tráfico ilegal de 41.000 toneladas de residuos plásticos.

En un operativo llevado a cabo por el Equipo Seprona de la Guardia Civil en León, se ha logrado desmantelar una red criminal dedicada al tráfico internacional de basura plástica. Hasta el momento, se han hecho cinco detenciones, mientras que otras 15 personas están siendo investigadas por sus roles en la importación, almacenamiento y exportación ilegal de enormes cantidades de desechos.

Las indagaciones revelaron que esta organización transportaba plásticos contaminados de Francia y Portugal a través de diversas empresas, principalmente ubicadas en Almería. Para evadir las normativas aduaneras, escondían los residuos peligrosos bajo capas de plástico limpio, facilitando su ruta hacia vertederos ilegales en León y Valencia antes de ser enviados a otros países.

La 'Operación Finoplast' se inició en 2022, cuando se identificó un vertedero ilegal en León. Este hallazgo desató una serie de investigaciones que llevaron al descubrimiento de instalaciones carentes de las licencias ambientales necesarias, tanto en la comarca del Bierzo (León) como en Alberic, Valencia.

La documentación analizada durante la operación indicó que un total de 18.800 toneladas de plásticos habían sido trasladadas desde Francia y Portugal a España, donde eran almacenadas antes de ser enviadas ilegalmente a destinos como India, Turquía, Marruecos, Malasia, Angola, Brasil y Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Hasta 22.785 toneladas adicionales fueron identificadas en el proceso.

Además, la investigación puso al descubierto que una empresa de reciclaje en Almería actuaba como fachada, utilizando balas de plástico limpio en la parte superior de los contenedores para ocultar el material ilegal y dificultar su detección por las autoridades aduaneras.

Las autoridades han llevado a cabo registros en cuatro empresas que funcionan como sedes de 16 sociedades, además de inspeccionar otras cuatro y realizar registros en dos domicilios, donde se incautó documentación relevante. También se han encontrado varios miles de toneladas de desechos en instalaciones clandestinas, gracias a la colaboración con las autoridades ambientales de Castilla y León y la Comunidad Valenciana.

La investigación ha estado bajo la dirección del Juzgado nº1 de Instrucción de Ponferrada y de la Fiscalía de Área de Medio Ambiente y Urbanismo, con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como del Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Junta de Castilla y León, según ha informado la Guardia Civil.

A nivel europeo, se han emitido 21 órdenes de investigación que han permitido obtener información esencial para las acciones de la Guardia Civil en el país. La colaboración internacional ha sido crucial, involucrando a Eurojust, Europol, la Gendarmería Nacional Francesa, la Policía Judiciaria Portuguesa y la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del Servicio de Protección de la Naturaleza.