En un contundente mensaje sobre la protección de nuestro entorno, la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en Almazán ha puesto en el punto de mira a un individuo señalado por prácticas de caza ilegal. Este caso ha suscitado preocupaciones sobre el respeto a las normativas en vigor en épocas de veda, tras la muerte y decapitación de un ciervo macho, cuyo trofeo fue transportado de manera irregular. La Subdelegación del Gobierno ha confirmado que tanto el investigado como su acompañante se enfrentan a varias sanciones administrativas.

El incidente tuvo lugar el 16 de agosto de 2025, en plena celebración de las fiestas patronales de Las Fraguas. Residentes locales, alarmados por la presencia de una furgoneta que parecía estar involucrada en actividades cinegéticas ilegales dentro de su coto, alertaron a las autoridades. Este tipo de denuncias es crucial, ya que muestra un compromiso colectivo con la conservación de la fauna y el equilibrio ecológico en la región.

La rápida respuesta del Seprona permitió dar con la furgoneta y sus ocupantes, un hombre y una mujer que, al percatarse de que habían sido vistos, huyeron del lugar sin proporcionar su identificación. Sin embargo, la patrulla logró recuperar evidencias dentro del vehículo que corroboran su implicación en la caza ilegal, lo que ha desencadenado una investigación en profundidad.

El principal sospechoso se enfrenta a la posible violación del artículo 335 del Código Penal español, que protege la flora y fauna, con una pena que incluye multas de entre 8 y 12 meses e inhabilitación para la caza o pesca por un periodo de dos a cinco años. Este tipo de sanciones busca disuadir acciones irresponsables que ponen en riesgo la biodiversidad y el patrimonio natural de nuestras tierras.

Además, tanto el investigado como su acompañante podrían ser responsables de infracciones administrativas según la Ley 4/2021 de Caza y Gestión Sostenible de Recursos Cinegéticos de Castilla y León. Esto podría traducirse en multas que ascienden a 10.000 euros para cada uno, así como la suspensión de su licencia de caza, lo que les impediría obtenerla nuevamente durante un tiempo que podría oscilar entre uno y tres años. La gravedad de estos actos subraya la importancia de un compromiso real con la conservación y el respeto a la legislación vigente en torno a la caza.