VALLADOLID, 20 de septiembre.

En una reciente operación, la Policía Nacional ha arrestado a dos empresarios vinculados al sector de la construcción en Valladolid, quienes se encuentran acusados de emplear a trabajadores en condiciones irregulares y de no inscribirlos en la Seguridad Social.

La acción, resultado de una colaboración entre la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la localidad, pone de relieve una problemática creciente en el ámbito laboral.

El 12 de febrero se realizó una inspección en una obra situada en una localidad cercana, donde se encontraba en marcha la construcción de un nuevo edificio residencial.

Durante la intervención, los inspectores identificaron a un grupo de siete trabajadores que intentaron ocultar sus verdaderas identidades proporcionando nombres falsos, generando confusión cuando dos de ellos coincidieron en los mismos datos personales. Ante esta anomalía, fueron llevados a dependencias policiales para su correcta identificación.

Las pesquisas realizadas por los agentes revelaron que en realidad se trataba de seis individuos pertenecientes a una empresa recién constituida, que había cambiado la denominación social y elegido a nuevos administradores en ese mismo mes. Uno de estos administradores intentó disfrazar su verdadero rol al identificarse como uno de los obreros, usando información falsa.

Entre los trabajadores identificados, todos ellos extranjeros, se constató que carecían de contratos laborales y alta en la Seguridad Social. De ellos, cinco se encontraban en situación administrativa irregular, sin permisos de residencia ni de trabajo en territorio español.

El sexto trabajador, aunque tenía una situación de permanencia legal, tampoco contaba con la autorización necesaria para desempeñar labores remuneradas en el país.

Las investigaciones adicionales pusieron de manifiesto que la lista de empleados presentada por los contratistas no coincidía con los trabajadores presentes en la obra durante la inspección, revelando que la empresa había mantenido una plantilla de seis empleados sin registrarlos oficialmente ni otorgarles los permisos para trabajar legalmente en España.

De esta manera, se concluyó que los empresarios actuaron de forma deliberada, contratando a estos trabajadores a sabiendas de su situación irregular, un acto que subraya la necesidad de reforzar las normativas laborales y proteger los derechos de los trabajadores vulnerables en el sector.