El 27 de junio, en Ávila, un educador del Centro Penitenciario de Brieva ofreció un testimonio impactante en el juzgado, revelando que Ana Julia Quezada, actualmente condenada a prisión permanente revisable por el asesinato de Gabriel Cruz en Níjar, amenazó con dar a conocer vídeos de contenido sexual en los que aparece con varios funcionarios, si no se le permitía ser trasladada a Barcelona.

Durante su intervención como testigo, el educador expuso estas afirmaciones en relación a la investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila. Esta pesquisa se centra en la posible relación sexual entre Quezada y algunos trabajadores del centro penitenciario, y también ha implicado a A.M.H, un antiguo cocinero del penal, así como a M.A.R.Q, la novia de Quezada, quien también ha sido llamada a declarar.

Según el testimonio del educador, Quezada habría intentado utilizar el chantaje como un medio para forzar su traslado a una prisión en Barcelona, donde reside su pareja. Ella ya había enviado una solicitud formal para dicho traslado, pero habría buscado conseguirlo mediante la amenaza de hacer públicos los vídeos comprometedores. Esta conversación se habría tenido durante una entrevista en julio de 2024, según confirmaron fuentes legales a Europa Press.

Uno de los funcionarios supuestamente involucrados en estas relaciones, el cocinero mencionado, ha refutado las acusaciones, explicando que su negativa a involucrarse con Quezada fue la causa de la supuesta retaliación por parte de ella. Además, él declaró que la reclusa se acercaba de manera insinuante y que incluso llegó a tocarlo en ocasiones, aunque él siempre se negó a su propuesta.

El cocinero también relató que, en una ocasión, Quezada le pidió que contactara a su novia para que esta le llevara ropa de abrigo a la prisión. Esta llamada habría sucedido a mediados de 2024, mientras que la pareja de Quezada ha declarado ante el juez que fue el propio cocinero quien le proporcionó el teléfono móvil a su novia.

La madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, se ha constituido como acusación popular en este caso. Ha señalado la necesidad de tomar declaración a otra reclusa que podría tener pruebas cruciales, aunque su testimonio fue desestimado previamente.

Además, otro de los funcionarios implicados, S.T., ya había testificado, pero solo de manera restringida y bajo el cuestionamiento de su abogado, negando cualquier tipo de favoritismo hacia Quezada a cambio de relaciones sexuales.

El caso está en curso como parte de una investigación más amplia sobre un presunto delito de cohecho, contemplado en el artículo 443.2 del Código Penal. La investigación lleva su curso en el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila, y varios funcionarios han sido suspendidos de sus funciones en el penal a raíz de estas acusaciones.