En Castilla y León, los miembros del Partido Popular han alzado la voz en defensa del sector agrícola ante las inminentes negociaciones sobre la nueva Política Agrícola Común (PAC). Durante una reunión reciente en la sede del partido en Valladolid, destacados representantes del PP expresaron su inquietud por la falta de alternativas a ciertas sustancias activas que son imprescindibles para los agricultores en el manejo de sus cultivos.

El presidente del PP en Valladolid, Conrado Íscar, enfatizó la vitalidad del campo para la región y denunció lo que considera ataques del Gobierno hacia productos y prácticas agrícolas que han sido fundamentales. Según Íscar, es urgente una toma de conciencia sobre la difícil situación a la que se enfrentan los agricultores, quienes contribuyen significativamente a la economía local.

El viceconsejero de Agricultura, Jorge Llorente, expuso que los agricultores están lidiando con una reducción drástica en la disponibilidad de productos fitosanitarios, lo que compromete la salud de sus cosechas y su competitividad en un mercado que se muestra desigual, especialmente frente a importaciones de países donde no se aplican las mismas restricciones.

Asimismo, Llorente planteó la necesidad de una reflexión sobre la política actual que busca equilibrar la sostenibilidad ambiental y las necesidades agronómicas. Argumentó que, aunque el objetivo es proteger el medio ambiente, las decisiones que se están tomando a menudo generan el efecto contrario, perjudicando la salud de los cultivos y aumentando la resistencia de plagas.

El viceconsejero también resaltó que la Junta de Castilla y León aboga por una revisión justa y equilibrada de la normativa que rige el uso de fitosanitarios. Puso de ejemplo los problemas que surgen al usar productos alternativos que, aunque menos dañinos, requieren aplicaciones más frecuentes, lo que puede, irónicamente, agravar la situación de las plagas.

Pedro Gallardo, diputado del PP, subrayó que el sector de viveristas es uno de los más golpeados por esta problemática, generando miles de empleos y siendo un importante motor económico. Criticó al Gobierno de Sánchez por lo que considera una falta de apoyo y recursos para estos productores.

En un argumento apasionado, Gallardo expresó la necesidad de reconocer estos productos como "medicinas" para los cultivos, y demandó que el Gobierno permita el uso de ciertas sustancias que ya se utilizan con éxito en otros países europeos, a fin de combatir los desafíos que enfrenta el sector.

El diputado también planteó que, comparando la cantidad de autorizaciones para sustancias activas excepcionales en España con otros países europeos, se evidencia un desfase preocupante. Afirmó que la situación actual no solo amenaza la producción local sino que también incrementa la dependencia de importaciones con estándares de control más laxos.

Por otro lado, Llorente recordó que tanto la Junta como las organizaciones agrarias han expresado su desacuerdo con el enfoque actual de la PAC, sintiendo que se están diluyendo políticas agrícolas dentro de un marco más amplio que reduce el enfoque estratégico que tradicionalmente ha tenido la agricultura en la política de la UE.

Finalmente, el viceconsejero aseguró que la Junta de Castilla y León se mantendrá firme en la defensa de una PAC justa y adaptada a las necesidades reales del sector agrícola, indicando que habrá un esfuerzo continuo en las negociaciones durante los próximos dos años para lograr un acuerdo favorable para los agricultores de la región.