
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se prepara para examinar la recusación presentada contra José Luis Concepción, presidente de la Sala de lo Civil y Penal, por parte de la Coalición Electoral Valladolid Toma la Palabra y la Federación Regional de Ecologistas en Acción. El objetivo es que Concepción no participe en la revisión de los recursos relacionados con la condena del caso 'Meseta Ski'.
Este caso ha llevado a la Fiscalía a juzgar a altos funcionarios de la Sociedad Provincial de Desarrollo (Sodeva) de la Diputación de Valladolid, incluyendo a Alfonso Centeno, quien fue alcalde de Olmedo y se vio obligado a dimitir poco después de que se dictara la sentencia en su contra.
Luego de que el expresidente del TSJCyL desestimara la recusación y manifestara su intención de continuar con los recursos, la letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Civil y Penal ha determinado que, salvo el magistrado recusado, será esta sala la encargada de examinar la solicitud tanto de VTLP como del colectivo ecologista para que Concepción no participe en la resolución de los recursos interpuestos por Centeno y Pedro Pariente, exvicepresidente de Sodeva, también condenado por el mismo caso.
Aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial estipula la creación de una sala especial en situaciones de recusación, en este caso no será necesario, ya que Ana del Ser ha asumido ahora la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
La audiencia de los recursos se había programado para el 8 de abril, pero la presentación de la recusación ha retrasado el procedimiento, quedando pendiente la decisión sobre la participación de Concepción en la sala que tiene que determinar si se ratifica la condena a los implicados en el caso 'Meseta Ski'.
VTLP y Ecologistas en Acción, que se han constituido como acusación popular en este proceso, justificaron la recusación de Concepción alegando que ha mostrado una "pérdida de imparcialidad de naturaleza objetiva", referenciando múltiples declaraciones y críticas que el magistrado ha realizado desde su cargo y a nivel personal contra el Gobierno, abriendo dudas sobre su capacidad para juzgar con equidad en este caso.
Ambas organizaciones argumentan que, desde al menos 2020, Concepción ha manifestado en actos públicos posturas críticas hacia el Gobierno, afectando la percepción de su imparcialidad en el juicio de una causa donde ha ejercido como acusación popular.
El fallo emitido por la Audiencia de Valladolid sentenció al ex presidente de Sodeva, Alfonso Centeno, a nueve años y un mes de inhabilitación por delito de prevaricación administrativa. Pedro Pariente recibió una condena similar, con siete años y tres meses de inhabilitación. Ambos han recurrido la decisión ante el alto tribunal.
Dos coacusados, el arquitecto Valentín González y el jefe de Urbanismo de la Diputación, Luis Torroglosa, fueron absueltos de las acusaciones en su contra.
La sentencia destacó que el proyecto tuvo modificaciones significativas que no fueron justificadas desde el punto de vista técnico o económico, elevando el costo en casi tres millones de euros, lo que representa un incremento del 75% sobre el presupuesto original.
Además, el tribunal puntualizó que la modificación afectó elementos cruciales de la infraestructura de las pistas de esquí en seco, llevándose a cabo sin seguir los procedimientos legales establecidos. Este desvío de las normas apunta a una clara violación de los principios de transparencia y libre competencia que deberían regir cualquier tipo de contratación pública.
La fiscalía, que solicitó penas de inhabilitación de siete años para los cuatro acusados, y el grupo de acción popular, así como Ecologistas en Acción, pidieron once años de inhabilitación. Además, demandaron que los acusados indemnizaran a Sodeva y/o a la Diputación, por un monto total de 11,5 millones de euros, reflejando así el impacto económico resultado del caso, mientras que las defensas abogaban por la absolución de los encausados.
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