VALLADOLID, 21 de julio. La situación del Seprona en Castilla y León ha alcanzado niveles preocupantes, según ha denunciado la Asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC). Este vasto territorio rural, que cuenta con una rica biodiversidad y una alta sensibilidad medioambiental, se enfrenta a graves problemas de vigilancia y respuesta ante incidentes ambientales, como incendios o violaciones a la normativa de protección del entorno.

La IGC ha señalado que provincias fundamentales como Salamanca, Palencia y Zamora se ven gravemente afectadas, contando con un número alarmantemente bajo de efectivos especializados. Según los datos proporcionados, Salamanca tan solo dispone de 20 guardias del Seprona, Zamora 25, Palencia otros 20, León 35 y Burgos aproximadamente 25, para cubrir extensas áreas y un gran número de municipios.

Daniel Fernández, vicepresidente de IGC, ha manifestado que el modelo actual de operación del Seprona está desbordado. “No podemos asegurar una vigilancia medioambiental efectiva ni una reacción rápida ante incidentes, todo ello sin contar con un número adecuado de recursos humanos”, reclamó Fernández, subrayando la tensión entre las necesidades reales y la disponibilidad de personal.

La denuncia se extiende a la obsolescencia del catálogo de puestos del Seprona, el cual no se ha actualizado en un largo período, pese a la creciente necesidad de medidas en el ámbito medioambiental debido a desarrollos normativos y tecnológicos. “Aumentan las exigencias legislativas en materia de protección ambiental, pero los recursos asignados a su implementación no han crecido en la misma medida”, argumentó el portavoz de la IGC, advirtiendo sobre la saturación y el envejecimiento de las plantillas.

Aunque la asociación ha reconocido los esfuerzos del Ministerio del Interior al implementar el Plan Soria, que incluye la instalación de cámaras de videovigilancia en áreas despobladas, ha enfatizado que estas iniciativas deben complementar y no sustituir la presencia física de los efectivos en el terreno. “Las cámaras pueden ayudar, pero no extinguen incendios ni denuncian actividades ilegales por sí solas”, enfatizó Fernández, subrayando la urgencia de contar con una mayor presencia operativa en la región.

Ante esta alarmante situación, la IGC ha propuesto una reorganización completa del despliegue del Seprona y de la Guardia Civil en áreas rurales. Las sugerencias incluyen el aumento estructural del personal en cada provincia, la consolidación de pequeños destacamentos en bases mejor equipadas y la implementación de un plan de renovación del personal, con incentivos para aquellos que elijan posiciones en lugares de difícil cobertura.

El portavoz de la IGC ha concluido con un llamado a la acción: “Castilla y León merece una Guardia Civil moderna, capaz de salvaguardar su rico patrimonio natural con la profesionalidad, los medios y la estabilidad necesarios”.