Individuo bajo investigación por provocar incendio forestal en San Justo de la Vega debido a colillas mal extinguidas.
LEÓN, 28 de agosto.
En un reciente suceso que ha conmocionado a la comunidad de San Justo de la Vega, la Guardia Civil ha iniciado un proceso de investigación penal contra un hombre de 73 años, quien es sospechoso de haber causado un incendio forestal por grave imprudencia. Este incidente ocurrió en la tarde del 27 de agosto y ha puesto de relieve la necesidad apremiante de mantener una conciencia profunda sobre la seguridad ambiental.
Las indagaciones iniciales, llevadas a cabo por el Equipo de Protección de la Naturaleza (Eprona) en colaboración con los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, han revelado que el incendio fue provocado por colillas de cigarrillo que no fueron apagadas adecuadamente. Este descuido ocurrió en una zona con vegetación seca, lo que facilitó la rápida propagación del fuego.
Los vientos intensos que soplaban en ese momento contribuyeron a que las llamas se extendieran rápidamente, afectando áreas de encinas, pinos y monte bajo, con una extensión aproximada de dos hectáreas consumidas por el fuego, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.
Gracias a la celeridad de los equipos de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León, el fuego fue controlado y extinguido en un tiempo relativamente corto. Durante las operaciones de combate contra el fuego, varias patrullas de la Guardia Civil de Astorga se mantuvieron en el lugar, asegurando la zona y regulando el tráfico, lo que subraya la coordinación entre diferentes cuerpos de seguridad y emergencia ante situaciones críticas.
Las diligencias que se han llevado a cabo han llevado a que la persona investigada sea presentada ante el Juzgado de Instrucción de Guardia en Astorga y la Fiscalía de Medio Ambiente de León. La Guardia Civil ha enfatizado la gravedad del asunto, recalcando que, de acuerdo con el Código Penal, las multas y penas de prisión para estos delitos pueden oscilar entre uno y cinco años, además de severas sanciones económicas.
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