VALLADOLID, 2 de julio.

El Colegio de Ingeniería Informática de Castilla y León ha lanzado una alerta sobre la falta de acción política que amenaza la seguridad digital de la Junta. Esta preocupación se ha intensificado tras el reciente robo de datos en la Consejería de Educación, que evidencia las deficiencias estructurales en ciberseguridad que afectan a la administración autonómica en su conjunto.

En un comunicado dirigido a Europa Press, la organización subraya que lo sucedido no es un episodio aislado, sino el resultado de un continuo abandono en la formulación de estrategias, inversiones y, sobre todo, de la voluntad política necesaria para gestionar adecuadamente los sistemas de información del sector público.

Una de las exigencias más urgentes que plantea el Colegio es la necesidad de profesionalizar al personal informático. Actualmente, gran parte de estos profesionales no tienen condición de funcionarios, lo que limita su acceso a posiciones críticas en áreas de seguridad y protección de datos.

Asimismo, el Colegio considera que la reciente creación de puestos como los técnicos de seguridad de los sistemas de información y los delegados de protección de datos no constituye un avance suficiente, ya que su acceso está restringido únicamente a funcionarios de carrera. Esto deja fuera a expertos con formación relevante y experiencia que ya llevan a cabo esas funciones dentro de la administración.

La exclusión de estos profesionales, a su juicio, no solo es injusta, sino que también es contraproducente, pues conlleva una merma de talento interno y debilita la estructura organizativa, dejando a la Junta sin las herramientas necesarias para hacer frente a los retos de la transformación digital y la ciberseguridad con efectividad.

Además, se suma a esta problemática un incumplimiento normativo que resulta alarmante: la Junta de Castilla y León no aplica de manera uniforme el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Esta normativa, de cumplimiento obligatorio, establece los requisitos básicos de seguridad para los sistemas de información en el ámbito público. Actualmente, solo la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, bajo la dirección de una ingeniera en informática, ha implementado esta norma con seriedad.

El Colegio de Informáticos señala que si se hubiera aplicado el ENS a toda la administración, quizás se habrían podido evitar incidentes como el robo de información. La seguridad digital no puede seguir siendo considerada un tema técnico menor ni depender de medidas improvisadas y estructuras obsoletas. La protección de los datos de los ciudadanos y la fiabilidad de los servicios digitales públicos requieren una respuesta política sólida y comprometida.

Por todo lo anterior, el Colegio de Ingeniería Informática de Castilla y León exige al gobierno regional que tome decisiones políticas urgentes que aseguren la seguridad, modernización y efectividad de los servicios digitales públicos. Insta a acelerar el proceso de convertir en funcionarios al personal informático, a actualizar los perfiles y funciones profesionales en línea con las necesidades tecnológicas actuales, incluyendo aspectos de ciberseguridad, y a aplicar de manera efectiva el Esquema Nacional de Seguridad en todos los departamentos de la Junta.

Finalmente, el Colegio se ofrece para colaborar con las autoridades autonómicas en la creación e implementación de políticas públicas que fortalezcan la seguridad digital y promuevan una administración moderna, eficaz y respetuosa con los derechos digitales de la ciudadanía.