VALLADOLID, 27 de diciembre. La Diputación Provincial de Valladolid ha reiterado su compromiso de actuar en concordancia con el acuerdo institucional establecido en pleno, especialmente en lo concerniente a la exhibición de la bandera LGTBI. Esta decisión llega tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que avala la decisión de la institución de colocar la bandera durante el año 2020.

En el Pleno del viernes, que sirvió como cierre del año, Francisco Ferreira, portavoz del Grupo Provincial Socialista, planteó la relevante cuestión de si la Diputación prevé exhibir la bandera LGTBI en el balcón durante las celebraciones del Día del Orgullo, argumentando que no existe ya ningún obstáculo legal para ello.

La inquietud de los socialistas viene a colación de la sentencia del Tribunal Supremo de este mes, que revoca una decisión anterior de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Este fallo reconoce que la colocación de la bandera no contraviene la Ley 39/1981, que regula el uso de la bandera de España y otras enseñas, ni los principios de objetividad y neutralidad que deben regir las Administraciones Públicas.

Alfonso Romo Martín, diputado del Partido Popular, respondió a esta inquietud. Aclaró que surgió una denuncia que llevó a la sentencia del tribunal, y aunque no está aclarado si esta es definitiva, enfatizó que el equipo de gobierno se ha centrado en buscar una postura unánime para reivindicar este día significativo.

Romo Martín especificó que si la decisión judicial se convierte en firme, la Diputación procederá según el acuerdo institucional previamente adoptado. En caso contrario, continuarán buscando lograr el consenso con la mayor cantidad de grupos posible en el futuro.

Tras su intervención, Ferreira volvió a tomar la palabra señalando que, al tratarse de una sentencia del Tribunal Supremo, la referencia a un acuerdo del pleno es crucial, por lo que, si la decisión se hace firme, la bandera debería ondear en la institución provincial.

El socialista celebró la resolución del tribunal, considerándola como un paso lógico y necesario, dado que las instituciones deben otorgar un apoyo incondicional al colectivo LGTBI, que enfrenta ataques homófobos de forma continua, lo que a su juicio es una verdadera “pena y vergüenza” para la sociedad.

Sin embargo, Ferreira no escatimó en críticas hacia el proceso llevado a cabo por la Diputación al respecto. Si bien la sentencia les otorga la razón, expresaron su descontento por la falta de transparencia del equipo de gobierno en el manejo de este asunto, subrayando que no debería haber sido a través de la prensa como se enteraron de la situación.

El portavoz socialista aplaudió el compromiso del equipo de gobierno de restablecer la presencia de la bandera LGTBI en el balcón de la Diputación. No obstante, expresó su desconcierto ante la “disparidad de posiciones” dentro del Partido Popular de Valladolid, especialmente considerando la dualidad de roles de Conrado Íscar, quien es presidente tanto de la Diputación como del partido provincial.

“Esta falta de coherencia se torna aún más incomprensible si se toma en cuenta que fue durante la presidencia de Jesús Julio Carnero, actual alcalde de Valladolid, que se aprobó esta decisión”, concluyó Ferreira, poniendo de relieve la necesidad de una postura clara y unificada en cuestiones de derechos humanos y diversidad.