El 22 de agosto, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla y León ha aplaudido la nueva estrategia anunciada por el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, en relación con las ayudas a agricultores y ganaderos afectados por los recientes incendios forestales. Esta modificación se produce en respuesta a la demanda de garantizar que estos profesionales reciban al menos la misma cantidad de apoyo que otros autónomos que también han sufrido pérdidas.

Asaja ha señalado que la Junta ha revisado su enfoque inicial, después de que la organización expresara su preocupación casi inmediatamente tras la publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno en el Boletín Oficial de Castilla y León. En ese comunicado original, se identificó una "discriminación" hacia los agricultores y ganaderos, quienes quedaban en desventaja en comparación con otros pequeños autónomos afectados por esta crisis ambiental.

Bajo el nuevo esquema, los agricultores y ganaderos que estén dados de alta en la Seguridad Social Agraria y que operen en las zonas afectadas recibirán un mínimo de 5.500 euros por explotación, una cifra que podría aumentar según la superficie de la explotación agrícola o ganadera implicada.

Un aspecto que Asaja ha celebrado es que estos pagos se otorgarán "de oficio", es decir, sin que los beneficiarios tengan que presentar ninguna solicitud, agilizando el proceso. Se espera que las ayudas se gestionen rápidamente, ofreciendo alivio a quienes más lo necesitan.

Asimismo, se planea una reunión técnica el próximo viernes para abordar otras medidas que compensen las pérdidas ocasionadas, especialmente en infraestructuras como cercas para ganado y colmenas que han sido destruidas por los incendios.

Desde la Unión de Campesinos (UCCL) en Castilla y León, su coordinador, Jesús Manuel González Palacín, mostró su satisfacción con los avances logrados y alabó la disposición del presidente de la Junta para establecer una mesa de reconstrucción donde participen organizaciones agrarias. Esta es una propuesta que UCCL había planteado previamente.

González Palacín enfatizó la urgencia de que las ayudas lleguen pronto a los ganaderos y resaltó la importancia de mantener el diálogo para asegurar que no haya agricultores o ganaderos que se queden sin el apoyo necesario para continuar su actividad económica. Este objetivo, según su perspectiva, debe ser una prioridad para la UCCL.

A pesar de no haber podido discutir la creación de una "Mesa de Seguimiento, Reparación y Planificación" con el presidente, el coordinador regional mostró optimismo ante la posibilidad de establecer un foro con las organizaciones agrarias, ya que considera esencial contar con un espacio interdisciplinario para prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro.

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Castilla y León, Aurelio González, también dio la bienvenida a la decisión del Gobierno regional de conceder ayudas directas mínimas de 5.500 euros, considerado un reconocimiento tardío pero necesario para corregir injusticias del pasado. González recordó que, tras los devastadores incendios de 2022, muchos agricultores y ganaderos quedaron excluidos de las ayudas, lo que fue duramente criticado.

Si bien celebró esta corrección, González consideró que el método de compensación por la pérdida de producción agrícola—basado en datos de imágenes satelitales—era insuficiente, con indemnizaciones que oscilarían entre 18 euros por hectárea de pasto hasta 240 euros por hectárea de cultivo leñoso.

En una línea similar, el coordinador de COAG, Lorenzo Rivera, subrayó la necesidad de que las ayudas se distribuyan con rapidez a estos profesionales que atraviesan un momento crítico. Agradeció que los beneficiarios sean exclusivamente los agricultores y ganaderos que demuestran actividad profesional en el sector, lo que debería evitar que ayudas lleguen a quienes no lo merecen.

Aunque Rivera reconoció que siempre se puede pedir más, supo que los recursos son limitados. Confía en que durante la próxima reunión se logren acuerdos en temas relacionados con la infraestructura y maquinaria agrícola dañada. A su vez, instó a la Junta a solicitar al Gobierno central ayudas similares a las que se concedieron tras las recientes inundaciones en Valencia, recordando que la Administración regional no puede afrontar esta situación sola.