Los tribunales de Castilla y León gestionaron 139,04 casos por cada mil habitantes en 2025.

VALLADOLID, 30 de marzo. En el último informe anual publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se revela que Castilla y León ha registrado una tasa de litigiosidad de 139,04 casos por cada 1.000 habitantes en 2025. Esta cifra es inferior a la media nacional, que asciende a 153,70 casos por cada mil ciudadanos, evidenciando una menor carga judicial en comparación con otras regiones del país.

El total de asuntos que llegaron a los tribunales de la comunidad durante el pasado año fue de 333.864, mientras que la capacidad de resolución alcanzó 341.005 casos en todas las jurisdicciones. Al finalizar el periodo, se contabilizaron 170.240 asuntos pendientes, lo que representa una disminución del 3,9% en la pendencia global respecto al inicio del año.

Con una tasa de resolución general de 1,02, Castilla y León logró resolver más casos de los que fueron ingresados a lo largo del año. La jurisdicción civil ha sido la más activa, con 144.659 nuevos casos presentados y 159.435 resueltos. Los Juzgados de Primera Instancia, con un total de 67.409 nuevos casos, destacan en este contexto. Se dictaron 57.149 sentencias y 51.292 autos finales, y la tasa de congestión civil se situó en 1,55, mientras que la de resolución se fijó en 1,10, señalando una gestión eficiente del trabajo judicial.

En el ámbito penal, los tribunales de la comunidad lidiaron con 156.795 nuevos casos y resolvieron 150.345, dejando 58.912 casos pendientes al concluir el periodo. Los Juzgados de Instrucción dirigieron la mayor parte del volumen de trabajo, con 58.865 casos. Durante 2025, esta jurisdicción emitió 25.481 sentencias y tramitó 93.556 autos, mostrando una tasa de resolución de 0,96 y una tasa de pendencia de 0,39.

Por otro lado, la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo recibió 7.362 asuntos, de los cuales resolvió 7.119, mientras que en el ámbito Social se registraron 25.048 nuevos casos frente a 24.106 resueltos. En esta última jurisdicción, los Juzgados de lo Social dictaron 10.873 sentencias y cerraron el año con una tasa de congestión de 1,75.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) intervino en la resolución de 3.491 asuntos en su Sala de lo Social y 2.463 en la de lo Contencioso-Administrativo. En cuanto a la ejecución de sentencias, los órganos judiciales de la región registraron 62.705 ejecuciones, resolviendo 57.665 casos durante el periodo. Al cierre de 2025, 141.097 ejecuciones quedaron en trámite, de las cuales la mayoría, 117.652, pertenecieron a la jurisdicción civil y 20.633 a la penal. La mayor acumulación de ejecuciones pendientes se concentró en los Juzgados de Primera Instancia, con un total de 65.366 casos al final del cuarto trimestre.

A nivel nacional, el número de nuevos asuntos ingresados en los tribunales españoles ha disminuido en un 3,2% en comparación con el año anterior, alcanzando 7.550.806 procedimientos. En este marco, la Comunidad de Castilla y León se posiciona entre las autonomías con menor índice de actividad judicial por habitante, muy por debajo de regiones como Canarias y Madrid, que presentan tasas de 202,06 y 166,46 respectivamente.

El informe también destaca que, a pesar de la mejora en la capacidad de respuesta judicial a nivel nacional, con un aumento del 2% en resoluciones alcanzando un total de 7.437.033, la pendencia global ha crecido en un 3,4%, dejando a finales de diciembre 4.673.596 asuntos en trámite.

En términos de jurisdicciones, el orden Penal ha sido el único que ha mostrado un aumento en la entrada de nuevos casos, con un incremento del 1,4% y un total de 3.550.118 procedimientos. En contraste, la jurisdicción Civil ha caído en un 7,7%, mientras que los órdenes Contencioso-Administrativo y Social han visto reducciones del 4,2% y 2,8%, respectivamente.

La recopilación de estos datos sobre litigiosidad en España ha sido realizada por el CGPJ a partir de las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta el 1 de enero de 2025.