Organizaciones demandan a empresas extender en dos semanas el plazo de negociaciones sobre recolección y precios de la leche.
VALLADOLID, 30 de marzo. En una muestra de unidad sin precedentes, las organizaciones agrarias de Castilla y León, incluyendo Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG, han instado a las industrias lácteas de la región a extender las negociaciones por un periodo de al menos 15 días. Este pedido, dirigido especialmente a aquellas empresas de renombre o con un volumen significativo de negocio, busca que se mantenga la recogida de leche mientras continúan las conversaciones sobre los contratos que expiran este 31 de marzo. Las organizaciones demandan además que cualquier acuerdo final tenga retroactividad desde el 1 de abril.
En un comunicado enviado a Europa Press, estas entidades agrarias han calificado la situación actual como "precipitada". Argumentan que las empresas han esperado hasta los últimos días para presentar sus propuestas, muchas de las cuales han sido hechas de manera verbal en lugar de formalizada por escrito. Esta falta de claridad se traduce en ofertas que implican una reducción de precios de hasta el 14% sobre el actual precio de referencia, que se sitúa en 52 céntimos de euro por litro. Esta tendencia ha generado gran preocupación entre los productores.
Las organizaciones han señalado que las empresas lácteas, al tratarse de un producto perecedero, están en una posición de ventaja durante las negociaciones. Esto podría llevar a que impongan condiciones desfavorables para los productores, menoscabando la efectividad de la Ley de la Cadena Alimentaria, a la que acusan de servir más a los intereses industriales que a la protección de los agricultores. La interrupción de recogida de leche a partir del 1 de abril para aquellos que no hayan renovado sus contratos sería percibida como un acto de chantaje.
Frente a esta problemática, Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG han reiterado su demanda de que el periodo de negociación se extienda, que las ofertas se hagan por escrito, y que se continúe recogiendo leche durante el proceso. Además, insisten en que el precio final acordado debe reflejarse desde el 1 de abril.
Con la preocupación latente ante una posible caída del precio de la leche del 14%, estas organizaciones han hecho un llamado a las administraciones públicas, tanto al Estado como a la Junta, para que actúen como mediadores en las negociaciones. También han solicitado que se asegure el cumplimiento de la legislación vigente y que se prevenga cualquier tipo de acuerdo de precios entre los principales operadores del sector.
Finalmente, las organizaciones agrarias esperan que las industrias lácteas y las grandes superficies adopten una visión más amplia, priorizando la viabilidad del sector a largo plazo, en lugar de optar por estrategias que ahogan económicamente a los productores en un momento de exceso de oferta en varios países de la Unión Europea.