En un reciente caso judicial en Valladolid, un joven identificado como S.P.G. ha sido sancionado con una multa de 1.620 euros por dañar varios vagones de la empresa RENFE. Esta resolución proviene del Juzgado de lo Penal número 3, que también ha establecido que el autor deberá indemnizar a la compañía ferroviaria una vez que esta certifique los daños y confirme la propiedad de los vagones afectados, después de un incidente que tuvo lugar en la madrugada del 5 de enero de 2024.

El tribunal considera probados los hechos en los que S.P.G. realizó grafitis en dos trenes de RENFE durante un acceso no autorizado a las instalaciones de la estación de Medina del Campo. A las 02.20 horas, junto a otros cómplices, el acusado se dedicó a pintar en las unidades designadas como 009M y 509M. El acto fue interrumpido por personal de seguridad y agentes de la Policía Local, quienes iniciaron una persecución tras descubrir a los jóvenes in fraganti.

La intervención policial se amplió con la llegada de la Policía Nacional, que estableció un dispositivo en las áreas frecuentadas por los fugitivos. Poco después, localizaron un vehículo abandonado en las cercanías con varios aerosoles de pintura en su interior. Esperando al propietario, los agentes confirmaron que S.P.G. regresó al automóvil, lo que propició su detención. Al momento de ser arrestado, el joven estaba vestido con prendas oscuras manchadas de pintura y portaba una bolsa repleta de aerosoles.

Durante el juicio, la fiscalía solicitó una condena mucho más severa, incluyendo dos años de prisión, una multa de casi 5.000 euros y una compensación de más de 5.800 euros para RENFE. Sin embargo, la condena final fue de 1.620 euros más 401 euros adicionales que deberán ser abonados por concepto de responsabilidad civil. La sentencia también prevé la posibilidad de una mayor indemnización, que podría alcanzar hasta 4.772,51 euros adicionales bajo la condición de que la compañía demuestre adecuadamente los costos de reparación.

La decisión del juez ha sido especialmente crítica hacia las prácticas de RENFE, sugiriendo que la empresa frecuentemente busca un enriquecimiento injusto al presentar reclamaciones sin la documentación adecuada que sustente los daños. Se cuestionó la metodología de la compañía al establecer un precio estándar para las reparaciones, subrayando que esta práctica podría ocultar costos reales y favorecer el abuso en las reclamaciones por daños.

Además, el juez remarcó que las exigencias presentadas a RENFE para proporcionar pruebas concretas de los costos y daños en otros casos similares han quedado a menudo sin respuesta, lo que alimenta las sospechas sobre sus intenciones. La argumentación subraya que, aunque el acusado es responsable de sus actos y debe afrontar las consecuencias legales, esto no justifica las reclamaciones poco claras de la empresa, que parece actuar sin la debida diligencia al defender su patrimonio.

El juez concluyó que una adecuada evaluación de los daños debería contemplar una revisión exhaustiva, evitando así que se impongan sanciones sin fundamento sólido. Este caso resalta no solo la necesidad de rendición de cuentas por parte de los individuos que cometen actos vandálicos, sino también la responsabilidad de las compañías para actuar con transparencia y justicia en sus reclamaciones.