Un tribunal de Valladolid falla a favor de una mujer frente al INSS, que le reclamaba 8.600 euros del IMV.
VALLADOLID, 25 de marzo.
Una decisión del Tribunal de Instancia de Valladolid ha marcado un hito al aceptar la demanda presentada por una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La sentencia anula la solicitud del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de devolver casi 8.700 euros que había reclamado a la demandante por lo que consideraba pagos indebidos durante el año 2021.
B.A.S., quien comenzó a recibir el IMV en junio de 2020, se encontró en una situación complicada cuando en octubre de 2024 la entidad gestora le notificó un procedimiento de reintegro. Esto se debió a que, tras un cruce de datos con la Agencia Tributaria, se determinó que la cantidad percibida durante 2021 excedía lo que le correspondía, basándose en sus ingresos de 2020.
En respuesta a esta situación, la mujer llevó su caso ante los tribunales, argumentando que el error procedía exclusivamente del INSS y que ella había cumplido con todas las obligaciones de información requeridas. Su defensa destaca la falta de responsabilidad en el error que se le atribuyó.
La magistrada a cargo del caso se apoyó en jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para fundamentar su fallo. Esta decisión subraya que no hubo mala fe por parte de la demandante, ya que no se evidenció que hubiera proporcionado información incorrecta ni indujera a error a la Administración. Además, se señala un error administrativo, dado que los datos necesarios para calcular la prestación estaban disponibles para la Seguridad Social, lo que pone de relieve un notable retraso de tres años en la revisión, violando así principios de buena gobernanza.
El tribunal también hizo hincapié en que el propósito del IMV es garantizar el acceso a necesidades básicas. Por lo tanto, reclamar un reintegro de tal magnitud a una persona en situación de vulnerabilidad económica no solo es desmedido, sino que amenaza su estabilidad y bienestar. La decisión de la corte se alinea con el principio de proteger los derechos de los más desfavorecidos.
En consecuencia, el tribunal ha anulado las resoluciones del INSS y ha dejado sin efecto la obligación de reembolso de los 8.696,89 euros. Además, se ha ordenado a las instituciones pertinentes devolver cualquier cantidad que la demandante hubiera pagado previamente en relación a esta deuda.
Es importante mencionar que esta decisión puede ser objeto de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, lo que abre la puerta a posibles nuevas interpretaciones sobre el manejo del Ingreso Mínimo Vital y la responsabilidad de sus administradores.