VALLADOLID, 28 de mayo.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid ha ratificado la decisión de reagrupar las acusaciones particulares en relación a la estafa funeraria vinculada a la 'Operación Ignis', que fue destapada por la Policía Nacional el 31 de enero de 2009. Este caso, que afecta al Grupo Funerario El Salvador, denuncia un fraude que incluye el cambio de ataúdes de los difuntos por otros de menor costo a lo largo de dos décadas, entre 1995 y 2015.

Mediante un auto que ya cuenta con carácter definitivo, el tribunal ha desestimado los recursos de súplica interpuestos por algunas de las acusaciones particulares, que argumentaban que había diferencias significativas en las estrategias defensivas de los afectados. Sin embargo, la Sección Cuarta de lo Penal ha considerado que no han logrado demostrar esas diferencias ni presentar una estrategia defensiva diferenciada, señalando que su oposición carece de fundamento suficiente para invalidar la reagruparción acordada, esencial para el adecuado desarrollo de las sesiones del juicio, según un comunicado del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La resolución mantiene que cada abogado acusador representará al menos a 54 víctimas, siguiendo el principio de un “proceso sin dilaciones indebidas” que estipula el artículo 109 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Sala ha establecido un plazo de 15 días para que las familias se reagruppen "voluntariamente" con el fin de alcanzar este mínimo de 54 difuntos, con el objetivo de actuar de manera coordinada. En caso de no lograrlo, la Audiencia ha advertido que todas las acusaciones serán agrupadas en aquella que tenga el mayor número de fallecidos.

Los magistrados argumentan que, aunque los perjuicios económicos sean distintos para cada víctima, todos comparten una misma finalidad: demostrar la supuesta conducta engañosa de los acusados. "Se cumplen, por tanto, todos los requisitos legales establecidos en el artículo 109 bis", puesto que todas las acusaciones tienen un origen común y presentan un modus operandi similar, lo que da lugar a la misma consecuencia jurídica.

Por ello, la Sala no ve inconveniente en la unión de las defensas y representaciones de las acusaciones particulares, considerándolas legitimadas por ser parte de un mismo grupo afectado. Sin embargo, para facilitar esta unificación, se establece que las víctimas necesitarán actuar agrupadas en un número no menor que el de la acusación que represente al mayor número de fallecidos, que es de 54.

La Fiscalía de Valladolid ha solicitado un total de 206 años de cárcel para las 24 personas bajo investigación en el contexto de la 'Operación Ignis'.

En un extenso documento de calificación provisional de 363 páginas, la acusación pública formula múltiples cargos, que incluyen la constitución de una organización criminal, continuos delitos de apropiación indebida y estafa, así como delitos contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capital y falsedad en documentos mercantiles.

Las condenas más severas se solicitan para María del Rosario V.L., viuda del empresario funerario, y sus hijos Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., quienes podrían afrontar penas de 20 años de prisión cada uno, además de inhabilitación durante 30 años para prestar servicios funerarios y multas que suman un total de 12 millones de euros.

El resto de los implicados, alrededor de una veintena de empleados, enfrentan penas que van desde los nueve hasta los dos años de prisión. En concreto, se demandan nueve años para cuatro de los acusados, seis años y medio para otros nueve, y penas menores para otros grupos de implicados.

La investigación sugiere que la Funeraria Castellana y Parque El Salvador habrían obtenido beneficios ilícitos equivalentes al valor total de los ataúdes que fueron despojados a 5.973 difuntos, ascendiendo a la suma de 3.667.711,95 euros, además de 381.056,14 euros por materiales florales recuperados de diferentes casos. Sin embargo, los fiscales no han encontrado evidencia de que alguno de los trabajadores implicados haya disfrutado de beneficios directos de estas operaciones irregulares.