Una reciente decisión judicial ha desatado una ola de críticas, siendo resultado de un recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación de Valladolid.

En un nuevo desarrollo, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha anunciado su intención de presentar una querella por prevaricación contra los magistrados del Tribunal Supremo que han respaldado la instalación de banderas LGTBi en espacios públicos. Es importante destacar que esta acción legal no incluye al magistrado José Luis Requero, quien se mostró en desacuerdo y dejó un voto particular en la sentencia.

A través de un comunicado que ha sido difundido por Europa Press, esta organización de juristas cuestiona la decisión de los jueces de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, argumentando que están cometiendo un posible delito de prevaricación al no sustentar adecuadamente un cambio en la jurisprudencia.

Según Abogados Cristianos, el cambio decisivo respecto a una sentencia anterior de 2020, argumentan, infringe el principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 9.3 de la Constitución Española. En palabras de la organización, “una modificación de tal magnitud debería basarse en nuevos elementos o cambios significativos en el contexto jurídico o social que justifiquen tal alteración, algo que según ellos no se ha demostrado en esta ocasión”. Además, hacen un llamado para que se declare nula la sentencia en cuestión.

Polonia Castellanos, presidenta de la asociación, ha manifestado su preocupación señalando que “la revisión de postura del Tribunal Supremo es un claro reflejo de la politización del sistema judicial en nuestro país. Esta resolución pone de manifiesto cómo el Sanchismo ha influido en la independencia del poder judicial, contrastando con la aparente inacción del Partido Popular”.

Castellanos también ha recordado que esta decisión judicial se origina del recurso presentado por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación de Valladolid, ambas entidades bajo la gestión del PP.

Por último, Abogados Cristianos ha instado a los líderes políticos a que el próximo 30 de diciembre se exhiba en todos los edificios públicos la bandera de la familia, en un claro intento de contrarrestar lo que consideran un avance perjudicial para sus ideales.