VALLADOLID, 17 de marzo. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha decidido enviar una comunicación a los cultivadores de remolacha para aclarar que aquellos que reciben ayudas agroambientales en 2023 no estarán obligados a cultivar esta planta debido a la caída de los precios del azúcar y de la remolacha.

La consejera, María González Corral, ha afirmado que los productores pueden dejar de sembrar sin que eso afecte a las ayudas o a los beneficios previos. González Corral ha enfatizado la necesidad de que los remolacheros se mantengan tranquilos, asegurando que su área estará atenta a la evolución de la situación para tomar decisiones en el futuro.

A pesar de esta flexibilización, la consejera ha reafirmado el compromiso del gobierno regional con el cultivo de la remolacha y la industria azucarera en Castilla y León, enfatizando que en ningún momento se está sugiriendo a los agricultores que no siembren remolacha.

Este tema fue uno de los puntos centrales discutidos en el Consejo Regional Agrario, un encuentro que reunió a la Consejería y a las organizaciones agrarias, y que también dio paso a la creación de un Grupo de Trabajo para abordar la PAC post27. Este grupo empezará a reunirse en las próximas semanas con el objetivo de redactar un documento que recoja las demandas y necesidades del sector agroganadero regional.

El propósito de este documento es que sirva como base para ser presentado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Además, se llegó a un acuerdo sobre la necesidad de una solicitud conjunta referente a un borrador de Real Decreto que afecta a ciertas zonas de sequía en el sureste de España, abogando porque Castilla y León sea considerada en esta normativa, especialmente en áreas de Soria, Burgos y Ávila.

La consejera ha subrayado la importancia de evitar desigualdades entre distintas regiones, mientras que las organizaciones agrarias han instado a la Consejería a colaborar en la asignación justa de los recursos, como ha sido práctica en años anteriores.

Durante la reunión, también se discutieron las potenciales repercusiones de los aranceles planteados por el presidente estadounidense, Donald Trump. La Junta de Castilla y León se ha comprometido a estar atenta a cualquier desarrollo que pueda afectar a los productores locales en este sentido.

Los representantes de las organizaciones agrarias han expresado su satisfacción por el establecimiento del grupo de trabajo sobre la PAC post27, mostrando confianza en que se logrará un consenso, similar a lo conseguido en ocasiones previas.

En cuanto a la política agrícola, los representantes han demandado una PAC que no sólo sea profesional y proactiva, sino que también garantice la utilización eficiente de los fondos para asegurar la producción de alimentos de calidad a precios justos. Donaciano Dujo, presidente de Asaja, ha vuelto a señalar las dificultades económicas que enfrentan los cultivadores de cereales, recalcando la incertidumbre que el contexto global genera en este sector clave para la Comunidad.

Aurelio González, secretario de UPA-COAG, ha criticado fuertemente a Azucarera por supuestas manipulaciones en la fijación de precios, revelando que la oferta de 32 euros por tonelada de remolacha es insuficiente dado que los costos de producción oscilan entre 36 y 37 euros. Aseguró que la Alianza está decidida a presentar denuncias contra la empresa.

En otro ámbito, Jesús Manuel González Palacín, coordinador de UCCL, ha manifestado su preocupación por el sector ovino, pidiendo a la Consejería que determine urgentemente los costos de producción para facilitar negociaciones equitativas. González Palacín enfatizó la necesidad de establecer una mesa de negociación entre productores e industria, advirtiendo que las condiciones actuales están llevando a muchos contratos a estar por debajo de los costos de producción, lo que podría perjudicar un sector tan representativo de Castilla y León.