El Juzgado de Briviesca, en Burgos, ha anunciado el cierre definitivo de la causa penal presentada por un grupo de exmonjas de Belorado contra Mario Iceta, Comisario Pontificio de los Monasterios de la región. La decisión se basa en la conclusión de que no existen elementos que sostengan la acusación de delitos en su contra.

Las exreligiosas habían interpuesto su denuncia en julio de 2024, buscando justicia por lo que consideraban un abuso de poder de Iceta. Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 1 de Briviesca determinó que los hechos carecían de mérito penal y solicitó el archivo del caso, respaldo que el Ministerio Fiscal ya había anticipado en su informe a finales de octubre del año pasado.

Luego de que las denunciantes presentaran un recurso, la Audiencia Provincial de Burgos tomó la decisión de revocar el archivo del caso en marzo, argumentando que el cierre había sido prematuro. Ante esta nueva situación, el 7 de mayo, Iceta fue convocado a declarar, permitiéndole defenderse y desestimar las acusaciones que lo vinculaban a tres presuntos delitos: administración desleal, coacciones y revelación de secretos, según fuentes de la Oficina del Comisario Pontificio.

En su dictamen, el juzgado subraya que la designación de Iceta como Comisario Pontificio fue realizada de manera adecuada ante el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Esto implica que no puede haber administración desleal por parte de alguien que actúa conforme a la ley como administrador legítimo de los bienes en cuestión.

Desde su llegada al cargo, Iceta ha gestionado el pago de nóminas de personal solicitante y los gastos operativos de los monasterios. Se resalta que no ha menoscabado las finanzas de estas instituciones, exceptuando aquellas que son de responsabilidad directa de las denunciantes como autónomas.

Un punto en la controversia incluyó un cambio de cerradura en el Monasterio de Derio el 3 de julio de 2024. Sin embargo, la resolución judicial aclara que no hubo coacciones ya que las exmonjas eran conscientes de la existencia de otras entradas al monasterio, desmontando así parte de sus reclamos.

Asimismo, se establece que no existe un deber de confidencialidad que impida a Iceta ejercer su papel como Comisario Pontificio, y se añade que no existe un vínculo laboral entre él y las denunciantes, inhabilitando así la posibilidad de una revelación de secretos.

Finalmente, el auto, fechado el 1 de octubre y notificado hoy a las partes involucradas, confirma el sobreseimiento del caso y ordena su archivo definitivo, cerrando así un capítulo en esta polémica historia.