Los sindicatos enfrentan críticas por su abandono del colectivo de empleados públicos en el reciente ajuste de la jubilación anticipada.

VALLADOLID, 22 de mayo. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha elevado su voz para exigir al Gobierno central una atención urgente hacia la Inspección de Trabajo, con el objetivo de lograr una reducción de jornada que sea verdaderamente efectiva en Castilla y León, donde anualmente se registran unas alarmantes 190.000 horas extras no remuneradas.

El presidente de CSIF en la comunidad, Benjamín Castro, subrayó que es habitual observar como las plantillas en las administraciones públicas están bajo mínimos, un problema que se extiende también a la Inspección de Trabajo. Castro recordó que este Gobierno fue objeto de la primera huelga por parte de inspectores en toda España, lo que refleja la gravedad de la situación. “Si no actuamos para reforzar la inspección, la promesa de reducir la jornada a 37,5 horas se convertirá en mera ilusión”, advirtió Castro antes de participar en una jornada regional dedicada a discutir las últimas novedades en la legislación laboral.

El líder sindical subrayó que en Castilla y León se llevan a cabo alrededor de 190.000 horas no pagadas, lo que pone de manifiesto la necesidad de un refuerzo concreto para que la reducción de jornada pueda ser efectiva y cumpla con su propósito.

En el marco de esta discusión, Pedro Poves, secretario del sector nacional de Empresa Privada de CSIF, abogó por una incorporación inmediata de la nueva jornada laboral de 37,5 horas al Estatuto de los Trabajadores. “Reducir la jornada a ese marco es viable y es una demanda social justa. No se puede avanzar en la reforma laboral sin fortalecer la Inspección de Trabajo. Es crucial luchar contra la economía sumergida y eliminar las horas extraordinarias fraudulentas”, apuntó.

Además, Poves cuestionó a los “sindicatos mayoritarios” por ignorar a los “empleados públicos” al abordar la reforma de la jubilación parcial anticipada. Señaló que todos los formatos de jubilación —flexibles, activas o demoradas— están fracasando y es necesario analizar las razones detrás de esto. “Desde CSIF llamamos a revisar la reforma de la jubilación anticipada, especialmente en lo que respecta al sector público, que se encuentra en una situación casi imposible de gestionar”, expresó.

Poves también destacó la importancia de reducir el coeficiente reductor de la edad de jubilación, considerándolo una demanda legítima de los trabajadores. Hizo énfasis en que sectores como el sanitario, los conductores de ambulancias y autobuses, los vigilantes de seguridad y los trabajadores de residuos urbanos deben tener acceso a un coeficiente reductor que les permita acceder a la jubilación ordinaria de manera anticipada sin penalizaciones.

El secretario de CSIF lamentó que las reformas en torno a la edad de jubilación se enfoquen desde una perspectiva de “financiación”, señalando que las jubilaciones anticipadas tienen un costo considerable. Actualmente, representan alrededor del 11% del PIB y, en un plazo de tres años, podrían alcanzar entre el 16% y el 17%. “Este costo es significativo, pero no se debe pasar por alto la voz de los trabajadores, que buscan un equilibrio entre la vida laboral y personal, priorizando la conciliación sobre la mera productividad”, concluyó Poves.