CASTILLA Y LEÓN, 17 Abr. - Las autoridades de Castilla y León, en conjunto con otras once comunidades autónomas, han expresado su inquietud al Gobierno central mediante una carta firmada por los directores de Energía. En el mensaje, critican un nuevo esquema de ayudas destinado a la movilidad eléctrica que, según su evaluación, no solo falla en mejorar la gestión existente, sino que también introduce nuevos obstáculos que podrían comprometer los avances necesarios hacia la transición ecológica.

Las regiones aseguran que el programa de incentivos MOVES III, planificado para 2025, carece de innovaciones relevantes. Señalan que el proceso de tramitación sigue siendo innecesariamente complicado, las ayudas directas en el punto de venta permanecen ausentes y persisten problemas en la gestión administrativa. Esta situación, advierten, genera una carga burocrática adicional para los gobiernos autonómicos, lo que pone en riesgo la eficacia del programa y los objetivos propuestos para la transición energética.

Además, las comunidades autónomas resaltan que aunque se presenta como una extensión del Plan MOVES III, el nuevo modelo requiere reiniciar todo el proceso de convocatoria en cada territorio. Esta exigencia solo incrementa la carga administrativa y podría provocar retrasos significativos, al tiempo que el sector y las administraciones reclaman un sistema de ayudas más directo y accesible.

Las autoridades regionales subrayan que la actual propuesta no aborda las dudas jurídicas y técnicas recientes, perpetuando un marco de ayudas que consideran ineficaz. En este sentido, instan al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a proporcionar clarificaciones necesarias sobre aspectos cruciales que impactan en la correcta implementación del programa en sus regiones.

A lo largo del tiempo, las comunidades han sugerido al Gobierno central una serie de propuestas concretas, respaldadas tanto por el sector como por entidades europeas, dirigidas a crear un sistema de ayudas más efectivo y directo. Entre las sugerencias se encuentran descuentos inmediatos en el punto de venta de vehículos eléctricos y estaciones de carga, incentivos fiscales, como la deducción total del IVA para empresas que electrifiquen sus flotas, y la simplificación de procesos administrativos según los estándares de la Comisión Europea.

A pesar de esta insistencia, las comunidades autónomas manifiestan su frustración por la falta de una respuesta decisiva de parte del Ministerio. Continúan existiendo interrogantes importantes que complica la aplicación del programa, tales como la distribución de fondos, los procedimientos entre convocatorias y el tratamiento de diferentes tipos de empresas, así como la necesidad de personal para gestionar el plan.

La indefinición de estos asuntos dificulta enormemente la posibilidad de poner en marcha las convocatorias, afectando así la llegada efectiva y oportuna de las subvenciones a ciudadanos y empresas tanto de Castilla y León como de las comunidades que han firmado la carta.

A pesar de la falta de claridad a nivel nacional, la Junta de Castilla y León reafirma su firme compromiso con la electrificación del transporte y la transición energética.

Asimismo, las comunidades se declaran dispuestas a colaborar activamente con el Ministerio y el IDAE para crear un marco de ayudas que sea realista y eficiente, asegurando que los fondos lleguen de manera ágil a los ciudadanos y empresas. Las autonomías reiteran su apertura al diálogo y al trabajo conjunto con el objetivo de cerrar los cabos sueltos que actualmente obstaculizan una implementación efectiva del programa.