En un llamado urgente desde Bruselas, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, María González Corral, junto con líderes de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs), han exigido un refuerzo significativo en el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC). La propuesta actual, consideran, implica reducciones “inaceptables” que afectan de manera negativa a los agricultores profesionales, en un contexto donde la seguridad alimentaria y el apoyo al sector son más cruciales que nunca.

La reunión en la capital belga coincide con el Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, un escenario clave donde González Corral representa a las comunidades autónomas en su segundo encuentro en dicho foro este semestre. El objetivo principal es manifestar una postura unificada y firme en defensa de los intereses agrícolas de la región.

“Lo que anteriormente era un temor, se ha hecho realidad con la propuesta de la Comisión que sugiere un recorte del 22% en el presupuesto, además de unificar en un solo fondo el apoyo a la renta agraria y el desarrollo rural”, subrayó González Corral, reflejando la preocupación compartida por el sector.

Con la intención de presentar una estrategia consensuada, la consejera y representantes del Consejo Agrario han defendido una declaración institucional elaborada en mayo que traza el camino a seguir en relación con la nueva PAC. “Este acuerdo, respaldado por las OPAs y la Unión de Cooperativas Urcacyl, refuerza nuestra voz en el debate sobre el futuro de la PAC”, argumentó la consejera.

Durante un encuentro con el director general adjunto de Agricultura de la Comisión Europea, Diego Canga, la titular de Agricultura insistió en que “la PAC no debe debilitarse financieramente, ya que esto significaría renunciar a su misión de salvaguardar la soberanía alimentaria en Europa”.

Además, González Corral destacó la importancia de mantener la estructura de la PAC que incluye dos pilares: uno para pagos directos que sustenten la renta de los agricultores y otro orientado a la inversión en el desarrollo rural, afirmando que “esa dualidad es vital para el futuro del sector”.

La delegación también participó en un encuentro en el Parlamento Europeo, donde se discutió un informe sobre el futuro de la PAC post-2027, que recibió un respaldo abrumador. Este informe aboga por un presupuesto más amplio y autónomo, así como la necesidad de simplificar la carga administrativa, un punto que González Corral considera coincide perfectamente con las demandas de Castilla y León.

“Coincidimos en la necesidad de un presupuesto fuerte y autónomo, la defensa de los dos pilares de la PAC, y en la importancia del relevo generacional en el campo”, subrayó la consejera, quien enfatizó que ahora es indispensable que el Consejo de Europa tome una posición favorable a las necesidades del sector primario.

En este contexto, recordó que la reciente asignación de fondos para España a partir de 2028 se traduce en una importante reducción, con 37.230 millones de euros, lo que implica una disminución de 10.500 millones con respecto al actual marco. “Esto tiene un impacto directo y peligroso sobre la renta de nuestros agricultores”, advirtió.

Donaciano Dujo, presidente de Asaja en Castilla y León, resaltó la “unidad” del sector ante la propuesta de la PAC, subrayando la importancia de otros temas críticos como el acuerdo de Mercosur y los aranceles con Estados Unidos. Según él, estos aspectos afectan profundamente al panorama agrícola local.

Por su parte, Lorenzo Rivera, de la Alianza UPA-COAG, lamentó que se ignoren temas de precios y mercados en la PAC, a pesar de ser cuestiones fundamentales, instando a un control más riguroso sobre las importaciones en la Unión Europea durante sus reuniones en Bruselas.

Finalmente, Jesús Manuel González Palacín, coordinador de la Unión de Campesinos en Castilla y León (UCCL), criticó el marco presupuestario propuesto, describiéndolo como “complejo” y lleno de “trampas”. Señaló que el hecho de que el desarrollo rural comparta presupuesto con áreas ajenas a la agricultura se considera una línea roja que no debe cruzarse, y espera que la Comisión responda a la presión para elaborar una propuesta diferente que respete las necesidades del sector.