VALLADOLID, 31 de julio. La Junta de Castilla y León ha tomado la firme decisión de intervenir en el recurso de inconstitucionalidad que el Defensor del Pueblo ha presentado, el cual cuestiona la Ley recientemente aprobada en el Congreso que permite la caza del lobo al norte del Duero. Su objetivo es frenar este recurso y asegurar la implementación de la normativa tal como fue concebida.

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha comunicado que el Consejo de Gobierno ha acordado esta acción con la intención de ser parte activa en la defensa de esta ley, la cual aborda la caza del lobo dentro del marco más amplio de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

Fernández Carriedo ha explicado que la decisión de personarse en el proceso legal busca defender la constitucionalidad de la legislación aprobada, dado que las disposiciones impugnadas impactan directamente en las competencias de Castilla y León en relación con la protección del medio ambiente y la gestión de la fauna, específicamente del lobo.

La Junta justifica esta intervención legal como un paso necesario para salvaguardar las competencias autonómicas y respaldar una legislación que consideran fundamental para la comunidad, afirmando que se trata no solo de una defensa de la norma, sino también de un compromiso con el respeto por los marcos constitucionales establecidos.

Con este acuerdo, la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad queda habilitada para emprender todas las acciones necesarias que protejan los intereses de su territorio durante este procedimiento judicial.

El consejero ha enfatizado que el propósito principal es proteger los intereses de Castilla y León, así como las competencias que le corresponden, alineándose con los términos de la ley que recibió la aprobación del Congreso. Ha aclarado que su intervención no representa la presentación de un nuevo recurso, sino una acción para mantener la vigencia de las normas colectivas ya acordadas.

Fernández Carriedo también ha resaltado un aspecto crítico de la legislación, señalando que recoge en sus artículos adicionales que antes de que el Gobierno remita cualquier informe a la Unión Europea sobre el lobo, debe consultar a la Conferencia Sectorial pertinente para asegurarse de involucrar a las comunidades autónomas en el proceso.

No obstante, ha expresado su descontento porque el Gobierno no ha convocado la Conferencia Sectorial que debía haberse llevado a cabo en julio, según lo estipulado en la nueva ley. Recordó que las comunidades autónomas tienen mucho que ofrecer en este ámbito, lo que hace aún más crucial su participación.

En los últimos años, el lobo ha visto un aumento en su población y en el número de manadas dentro de Castilla y León, lo que garantiza su existencia al norte del Duero y demuestra que se ha logrado un equilibrio sustentable entre la ganadería y la conservación de esta especie, un equilibrio que la nueva ley busca preservar.

Finalmente, Fernández Carriedo reafirmó que esta legislación es coherente con las decisiones del Parlamento Europeo, así como con los tratados y normativas a nivel nacional e internacional. La cuestión crucial radica en la necesidad de que el Gobierno escuche a las comunidades autónomas antes de enviar cualquier informe sobre la situación del lobo, insistiendo en que hay un consenso en esta materia que enfrenta a la comunidad con el Gobierno.