El promotor de energía eólica Carlos Galdón Cabrera, representante de Avanzalia, ha realizado graves acusaciones contra el exconsejero de Economía de Castilla y León, Tomás Villanueva, y sus colaboradores más cercanos, Rafael Delgado y el abogado Jesús Rodríguez Recio. Según Galdón, estos tres individuos lo sometieron a un chantaje para obtener la autorización final de un parque eólico en Salamanca, llegando incluso a demandar un pago de tres millones de euros en Mónaco.

En el juicio que se celebra en la Audiencia de Valladolid relacionado con la denominada 'trama eólica', Galdón describió a los acusados como parte de una "banda", mientras relataba los numerosos obstáculos que tuvo que enfrentar al desarrollar sus proyectos en la región, incluidos los parques de Zarapicos y Peñacabra.

El parque eólico de Zarapicos, que comenzó su primera fase en 2005 con un megavatio de potencia, no presentó complicaciones en sus inicios. Sin embargo, a finales de 2006 Galdón se encontró con serias dificultades al intentar lanzar una segunda fase, que incluiría diez megavatios. Atribuyó esta paralización a la acción directa de Villanueva, quien ya ha fallecido, y de Rafael Delgado y Jesús Rodríguez Recio, ambos implicados en el proceso judicial actual. Esta situación llevó a Galdón a solicitar una reunión con ellos para intentar avanzar en el proyecto.

Galdón compartió que acudió a la reunión con esperanza, albergando la ilusión de que el parque sería el más grande de Europa con diez megavatios, pero resultó desalentador ver a Villanueva y Delgado intercambiar sonrisas "cómplices" mientras él esperaba que la situación se resolve. Tras una inversión de 66 millones de euros, el empresario advirtió que la falta de autorización estaba poniendo en riesgo la viabilidad del proyecto, llevándolo casi al borde de un colapso emocional ante la presión de sus inversores.

En ese contexto, Galdón reveló que Villanueva, Delgado y Rodríguez Recio habían enviado como "emisario" al fallecido Francisco Aguirre, de la empresa Aguiase SL, quien le transmitió un reclamo claro: "tres millones en Mónaco" serían necesarios para obtener la autorización requerida. Galdón expresó que, en un estado de desesperación, habría estado dispuesto a ofrecer incluso cinco millones, ya que el tiempo apremiaba y su libertad parecía estar en juego. Esta presión culminó en la obtención de la autorización administrativa el 28 de marzo de 2007.

Posteriormente, Avanzalia firmó un contrato de servicios con Aguirre por un monto de un millón y medio de euros, que también se pagó en Mónaco. A través de la mediación de Aguirre, la empresa adquirió el parque de Peñacabra por 500.000 euros, un trato que Galdón más tarde calificaría de "auténtica estafa", ya que el parque no cumplió las expectativas de rendimiento que se esperaban.

A pesar de los contratiempos, Galdón continuó con la tercera fase del parque de Zarapicos, que contemplaba dos megavatios de potencia. Sin embargo, el proyecto se vio nuevamente afectado por la falta de conexión eléctrica con Iberdrola. Ante esta situación, el empresario escribió a la Junta solicitando apoyo frente a presiones externas, que, según declaró, provenían de Delgado, Rodríguez Recio y Aguirre. Eventualmente, la presión ejercida resultó en que Avanzalia tuviese que vender a precio de ganga siete plantas a estos individuos para poder avanzar.

A lo largo del juicio, también se escucharon declaraciones de Carlos Fernando Marquerie, de Four Innovation. Reveló que tras dejar sus cargos en la Junta, Delgado entró como accionista en la empresa, aunque no cumplió su compromiso de inversión de un millón de euros, limitándose a adquirir acciones por 50.000 euros y al acuerdo de desarrollar negocios por ese mismo valor.

La llamada 'trama eólica', que ha llevado a la acusación de corrupción a trece individuos por presuntos sobornos que superan los 80 millones de euros, surgió de la intención de la Junta de Castilla y León de fomentar el desarrollo del sector de energía renovable, estableciendo un marco jurídico y retributivo. Sin embargo, este plan incluyó prácticas de chantaje hacia promotores para asegurar la participación de empresas locales en sus proyectos.

El fiscal anticorrupción ha solicitado un total de 123,5 años de prisión y multas por un total de 850 millones de euros para los acusados. Entre las penas destaca la de Rafael Delgado, quien podría enfrentarse a 42 años de cárcel por ser considerado el cabecilla de la trama, además de otros coacusados como Alberto Esgueva y Jesús Rodríguez Recio, quienes también podrían recibir penas significativas, reflejando la seriedad de las acusaciones y el entramado de corrupción en torno a la promoción de energías renovables en la región.