En un desarrollo reciente, Ecologistas en Acción ha denunciado que la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León está intentando llevar a cabo una ampliación ilegal del vertedero de residuos industriales peligrosos de Santovenia de Pisuerga, que implicaría la incorporación de 125.000 metros cúbicos adicionales a los ya autorizados. Este intento sucede en medio de la inminente colmatación de las instalaciones, las cuales ya han superado el millón de metros cúbicos originalmente permitidos. Este miércoles, la Consejería presentará ante el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio una declaración de impacto ambiental favorable, algo que ha despertado la alarma de grupos ecologistas.

La solicitud de ampliar el vertedero ha sido planteada por Centro de Transferencias, S.A. (Cetransa), que forma parte de Urbaser, una empresa notable en la gestión de residuos. Sin embargo, la ampliación no cuenta con el respaldo de la declaración de impacto ambiental de 2014, ni se encuentra dentro del marco legal establecido por la autorización ambiental vigente, lo que plantea serias preguntas sobre la legalidad del proyecto que se pretende impulsar.

A pesar de esto, el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga mostró una postura clara en junio al emitir un informe urbanístico negativo. En dicho informe se concluye que la propuesta de ampliación y la modificación sustancial, que la acompaña, no son autorizables. Esta situación se agrava por el hecho de que el artículo 145 del Plan General de Ordenación Urbana del municipio prohíbe explícitamente cualquier ampliación del Centro de Tratamiento de Residuos de Cetransa.

Según Ecologistas en Acción, este informe tiene carácter vinculante y acuerda el archivo de las actuaciones relacionadas. La legislación vigente en torno a la prevención de la contaminación y la evaluación de impacto ambiental respaldaría esta decisión, aunque la Consejería parece dispuesta a ignorarla y continuar con el proceso.

La organización también ha manifestado su preocupación por el trato preferencial que, a su juicio, la Junta de Castilla y León otorga a la empresa Cetransa y al grupo Urbaser. Se recuerda que en 2001, esta situación llevó a la promoción de una ley específica que fue declarada inconstitucional diez años después, todo ello mientras se intentaba mantener la actividad del vertedero que vio su licencia principalmente anulada por el Tribunal Supremo. La crítica se extiende a cómo esto podría amenazar al río Pisuerga, cuya salud ecológica estaría en riesgo.

En la reunión programada para mañana, Ecologistas en Acción planea proponer que se desestime la solicitud de evaluación de impacto ambiental, argumentando que ya existe un pronunciamiento del órgano competente que resalta la inviabilidad del proyecto basándose en el incumplimiento del planeamiento urbanístico vigente. Además, se pedirá que se archive el expediente de autorización ambiental, alertando sobre las posibles consecuencias legales que podría enfrentar el Consejo si decide aprobar el proyecto en contravención de las normativas vigentes.

La organización también tiene la intención de recordar la urgente necesidad de sustituir el obsoleto Plan Integral de Residuos de Castilla y León, el cual fue aprobado hace casi diez años. Este llamado a la acción se vuelve más relevante tras una sentencia judicial que, en marzo, invalidó el intento de la Junta de modificar el plan por medios inesperados, un giro que parecía destinado a consolidar el papel de la región como vertedero de residuos industriales peligrosos a nivel nacional.

El vertedero de Santovenia de Pisuerga, que inició operaciones en junio de 1993, ha estado marcado por una serie de incidentes preocupantes que van desde el vertido de residuos prohibidos a fugas de sustancias contaminantes, además de problemas estructurales como el asentamiento en la caballón de cierre. A su vez, se estima que actualmente almacena más de un millón de toneladas de residuos peligrosos, una fracción significativa de los cuales proviene de fuera de Castilla y León.