La organización Ecologistas en Acción ha denunciado que la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León está impulsando un convenio que podría permitir la incineración centralizada de residuos proveniente de varias provincias, en particular Burgos, Soria y Valladolid. Esta propuesta, que busca concentrar el tratamiento de residuos domésticos en una única planta, ha sido criticada por la falta de eficiencia, ya que se ignora la posibilidad de establecer instalaciones más pequeñas en diferentes localidades.

De acuerdo con el borrador del convenio que ha obtenido acceso la mencionada organización ecologista, la nueva incineradora tendría una capacidad mínima de 350,000 toneladas anuales de basura, lo que representaría el 40% de los residuos no reciclados generados en los centros de tratamiento de Castilla y León. Este volumen podría aumentar hasta 500,000 toneladas, debido a la escasa tasa de recuperación en la región y a la aceptación de compost y digestato de baja calidad procedente de los CTR.

Ecologistas en Acción subraya que la magnitud de esta incineradora sería mayor que la de Valdemingómez, ubicada en Madrid, implicando un constante transporte de residuos a través de cientos de camiones que recorrerían la región, generando así un "incesante flujo de desechos" poco sostenible.

En el panorama nacional, solo existen once incineradoras de residuos domésticos repartidas mayormente en áreas urbanas densamente pobladas que son capaces de asumir el alto costo de operación, lo que explica la propuesta del Gobierno regional de implementar una macroincineradora en un área donde ya existen instalaciones limitadas.

La gestión de esta planta estaría a cargo de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), que ha sido catalogada como una "administración paralela" de la Junta, dirigida por José Manuel Jiménez Blázquez. Según denuncian los ecologistas, esta entidad se caracteriza por su falta de transparencia en actividades laborales y contractuales.

Las administraciones locales están obligadas a comprometerse a enviar al menos el 90% de sus residuos no reciclados a la incineradora, además de otros desechos adecuados para la valorización. Se establece un coste de 90 euros por tonelada de residuos, y se incluyen sanciones económicas para aquellas localidades que no cumplan con estas cifras mínimas.

Este contrato tendría una duración de 40 años, comenzando en 2029, lo que transformaría profundamente la gestión de residuos en Castilla y León, un cambio que, según Ecologistas en Acción, ha sido deliberadamente ocultado por las autoridades hasta un inminente acuerdo a final de abril, evadiendo así un debate público adecuado.

Esta iniciativa también carece de respaldo en el Plan Regional de Residuos de Castilla y León, que fue aprobado en 2014 y cuya revisión fue denunciada como ilegal por el Tribunal Supremo. Ecologistas en Acción enfatiza que la estrategia adoptada por la Junta no está alineada con las directrices prioritarias establecidas en la legislación europea y española que favorecen el reciclaje en lugar de la incineración.

La organización también recuerda que los CTR están equipados con tecnologías de compostaje y biogás que permiten transformar desechos orgánicos en fertilizantes y energía, siempre que se realice una adecuada recogida selectiva de estos biorresiduos, un proceso que se está llevando a cabo en muchas localidades.

A pesar de estas capacidades, la recogida selectiva de residuos en Castilla y León apenas llegó al 16% en 2022, lo que implica que el reciclaje se mantuvo muy por debajo del umbral legal de 50%, y la calidad del compost obtenido es cuestionable, resultando en que muchos desechos terminan en vertederos.

Los ecologistas advierten que esta obligación de entregar residuos durante un período extendido afectará negativamente los esfuerzos por reducir, reutilizar y reciclar, manteniendo así el incumplimiento de la normativa vigente. Denuncian que este enfoque representa una falta de respeto hacia la autonomía municipal en la gestión de residuos, considerando que este es un ámbito que debería ser gestionado de forma local.

Por último, Ecologistas en Acción señala que las emisiones nocivas de la incineradora, que incluyen metales pesados y otros contaminantes, representan un grave riesgo para la salud pública al introducir toxinas en el aire y en los alimentos.

Por todo esto, Ecologistas en Acción exige la retirada inmediata de esta propuesta y aboga por el diseño de un nuevo Plan Regional de Residuos que promueva conjuntamente la reducción, reutilización y reciclaje, alineándose con la legislación vigente y las directrices europeas para una economía circular sostenible.