VALLADOLID, 30 de octubre. El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha programado una audiencia preliminar para el 24 de noviembre, en el marco del proceso judicial que se está llevando a cabo con jurado popular. Durante esta sesión, las partes involucradas podrán expresar su opinión sobre la posibilidad de iniciar el juicio oral y proponer diligencias adicionales, siempre que no repitan aquellas ya realizadas anteriormente.

Dicho auto representa un paso más hacia la apertura del juicio sobre el caso que ha sido solicitado tanto por las acusaciones como por la defensa. Hasta el momento, se han presentado las calificaciones respectivas de la acusación pública y de las acusaciones particulares, quienes tienen la oportunidad de sugerir más diligencias en la referida audiencia, la cual comenzará a las 10:00 horas del 24 de noviembre, según ha informado el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En el mismo auto, la jueza ha manifestado su posición respecto a la validez de algunas de las diligencias propuestas. Entre éstas se menciona una que implica el uso de drones y otra relacionada con una solicitud a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal sobre el comportamiento de la fauna en Traspinedo ante un cuerpo sin vida. La jueza ha calificado estas solicitudes como innecesarias, argumentando que no aportan clara utilidad al desarrollo de la causa y que la misma ya ha superado con creces el plazo razonable para su instrucción, instando a evitar una prolongación injustificada del procedimiento.

Por su parte, la Fiscalía de Valladolid ha dado a conocer que solicitará una pena de dieciocho años de prisión por el delito de asesinato contra Óscar S.M., acusado de la muerte de Esther López de la Rosa, quien desapareció en enero de 2022. Su cuerpo fue hallado el 5 de febrero, veintitrés días después de que se reportara su ausencia, en una cuneta cercana a la localidad de Traspinedo. El juicio se llevará a cabo en un futuro próximo, a través del procedimiento de jurado popular en la Audiencia Provincial.

La acusación pública presentó su postura tras que las acusaciones particulares, representando a los padres y la hermana de la víctima, ya hubieran presentado sus escritos, donde consideran que los hechos son constitutivos de asesinato y demandan penas de 39 y 33 años de prisión para el acusado. En contraposición, la defensa busca el sobreseimiento del caso alegando falta de pruebas suficientes.

En su alegación, liderada por la Fiscal Jefa, Soledad Martín Nájera, se califica el acto de asesinato con alevosía, solicitando dieciocho años de prisión y una indemnización de 100.000 euros para cada uno de los padres de Esther y 80.000 euros para su hermana, según fuentes jurídicas citadas por Europa Press.

Los relatos indican que en la noche del 12 de enero de 2022, Esther se encontraba con amigos, entre ellos el acusado, en varios bares, siendo el último el bar Castillo de Traspinedo. Posteriormente, se quedaron a solas en el vehículo de Óscar. Esther, que había consumido alcohol y drogas, decidió no ir a casa de sus padres, pero Óscar le ofreció alojarse en su casa familiar en Traspinedo.

Una vez en el lugar, surgió una discusión —las razones de la cual son desconocidas— que llevó a Esther a abandonar el inmueble. Según la acusación, el acusado la siguió en su auto, atropellándola intencionadamente, causándole lesiones que, aunque no eran mortales en sí, llevaron a su muerte posterior. Se establece que si hubiera recibido atención médica, ella podría haber sobrevivido.

La Fiscal Jefa destaca que Óscar, en lugar de socorrerla, ocultó su cuerpo en el maletero de su vehículo y posteriormente lo dejó en una cuneta de la carretera VP-2303. El hallazgo del cadáver ocurrió el 5 de febrero de 2022. Se menciona que el acusado lavó el vehículo el 13 de enero y que intentó borrar los datos del mismo durante las semanas siguientes, pero no tuvo éxito en su totalidad.

Finalmente, la defensa de Óscar S.M. presentará nuevamente una solicitud para el sobreseimiento de la causa, reafirmando la inocencia de su cliente y argumentando que, después de casi cuatro años de procedimiento, no hay indicios suficientes para mantener la acusación en su contra.