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El jubilado que envió cartas explosivas podría enfrentar 22 años de prisión, según la Fiscalía.

El jubilado que envió cartas explosivas podría enfrentar 22 años de prisión, según la Fiscalía.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha solicitado una pena de 24 años de cárcel para el jubilado burgalés Pompeyo González, recordando que este individuo tenía posiciones contrarias al apoyo que España brindaba a Ucrania, en el marco de un caso donde se le acusa de ser el presunto autor del envío de cartas explosivas a varias instituciones.

En Madrid, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido una condena de 22 años de prisión para el mencionado jubilado, por su presunta participación en el envío de cartas explosivas a lugares como el Palacio de la Moncloa, el Ministerio de Defensa, la Embajada de Estados Unidos y la Embajada de Ucrania.

Según el escrito de acusación, formulado por el Ministerio Público y reportado por Europa Press, se le imputan al acusado delitos de terrorismo con resultado de lesiones, debido a las heridas causadas al empleado de la embajada ucraniana Mykola Velychko, así como delitos relacionados a la fabricación, tenencia y utilización de artefactos explosivos con fines terroristas.

La solicitud de la Fiscalía incluye la inhabilitación absoluta y especial para profesiones u oficios educativos, además de una indemnización de 1.500 euros para el trabajador herido. Por su parte, la AVT ha reclamado una pena mayor para Pompeyo González, destacando la oposición del acusado al respaldo dado por el Gobierno español a Ucrania y la elaboración de artefactos que fueron enviados por correo a diversas instituciones.

De acuerdo con la AVT, los artefactos explosivos tipo "artefacto postal" elaborados por el acusado presentaban similitudes estructurales y de composición, con todos los elementos necesarios para un funcionamiento correcto que podía causar lesiones de diversa consideración. La acusación detalla que estos artefactos fueron enviados por correo postal a instituciones como la Embajada de Ucrania, y que la actuación del acusado tenía como objetivo alterar la paz pública y cuestionar el apoyo de España y Estados Unidos a Ucrania ante la agresión rusa.

En base a evidencias encontradas en el domicilio del acusado, como varillas cilíndricas y elementos similares a los utilizados en los artefactos explosivos, así como la presencia de aplicaciones de medios rusos en su dispositivo móvil, el magistrado José Luis Calama evaluó que existen indicios suficientes para considerarlo responsable de los hechos. Además, evidencias como sellos de matasellos que coincidían con un centro de tratamiento automatizado, rutas de camiones de reparto y compras de materiales específicos, apuntaban a la implicación del acusado en el envío de las cartas explosivas.