VALLADOLID, 23 de septiembre. En un hecho que pone de relieve la explotación laboral en el sector agrícola, un empresario rumano ha acordado este martes una condena de seis meses de prisión por las irregularidades cometidas en la contratación de trabajadores marroquíes sin documentos entre 2021 y 2022.

El empresario, conocido como Florinel M.C. (‘Marius’), aceptó su responsabilidad en un juicio que se había anticipado y que finalmente se transformó en una breve comparecencia donde se le reconoció culpable de infringir los derechos laborales. Además de los seis meses de cárcel, se le impuso una multa de 720 euros y deberá pagar una indemnización de 300 euros a dos de las víctimas, aunque otras cuatro no han podido ser localizadas.

Lo más alarmante es que, a pesar de que la fiscalía había solicitado tres años de prisión y multas significativamente más altas, Marius ha conseguido evitar el ingreso en prisión al lograr la suspensión de su condena por dos años. Esta suspensión, aceptada por el tribunal y el fiscal, está sujeta a varias condiciones, que incluyen no cometer nuevos delitos y mantener informada a la justicia sobre cualquier cambio de residencia.

Los hechos por los cuales se le condena sucedieron en 2021 y 2022, cuando Marius operaba en el ámbito de servicios agrícolas, contratando a trabajadores irregulares para tareas como recolección de patatas, vendimia y poda. Estas víctimas, sin posibilidad de formalizar un contrato ni estar registradas en la Seguridad Social, se vieron atrapadas en un sistema de explotación que claramente violaba la ley.

Los trabajadores eran remunerados con salarios extremadamente bajos: 20 euros por cada 'jumbo' de patatas recogido, seis euros por hora en vendimia, y entre 12 y 15 céntimos por cada poda, además de tener que pagar tres euros diarios al empresario por el transporte a los campos. La falta de derechos laborales básicos y la opacidad en los pagos complicaron aún más la situación de estos trabajadores, quienes se encontraron en una clara posición de vulnerabilidad.

Cabe señalar que Marius, que no contaba con antecedentes penales, manipulaba el pago por los servicios de manera que mantenía a estos trabajadores en una posición dependiente y subordinada, extendiendo el tiempo de pago para asegurarse de que siempre estuvieran a su servicio.