VALLADOLID, 6 de noviembre.

La Audiencia de Valladolid ha dictado una sentencia que condena al empresario José María C.S. a seis meses de prisión y a una multa de 5.400 euros, reconociéndolo culpable de un delito ambiental y de estafa. Su pena deriva de la contaminación de un terreno en Renedo (Valladolid), donde operaba una planta de reciclaje de escorias de aluminio, que posteriormente vendió a nuevos propietarios, ocultando la verdadera situación del terreno, que había sido objeto de contaminación. Los nuevos compradores tenían la intención de establecer un centro hípico en dicha parcela.

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial llevó a juicio a José María, junto a sus hermanos Francisco Javier y María Flor C.S. Sin embargo, solo José María fue declarado culpable, mientras que sus hermanos fueron absueltos. La fiscalía inicialmente había solicitado penas de tres años y seis meses para cada uno de ellos por el delito contra el medio ambiente, además de otros diez meses por estafa, pero finalmente se impuso a José María la mencionada pena, además de un año de inhabilitación para actividades relacionadas con la gestión de residuos.

La empresa de José María debe pagar 7.200 euros en multas y una decimoctava parte de las costas del proceso, tras ser hallada responsable de un delito ambiental. El tribunal ha constatado que la actividad empresarial de José María generó daños severos en la calidad del suelo y de las aguas de la parcela contaminada, aunque no se encontró evidencia de que su acción, singularmente o en conexión con otras, haya alterado significativamente el equilibrio de los ecosistemas o haya puesto en riesgo la salud pública.

Respecto a la situación de sus hermanos, el tribunal determinó que solo José María tomaba decisiones dentro de la empresa, motivo por el cual Francisco Javier y María Flor fueron absueltos. La acusación particular, que representaba a los nuevos propietarios de la tierra, había solicitado una pena total de nueve años y nueve meses para los tres, así como para su madre Consuelo y su hermana Cristina, pero lograron un acuerdo de indemnización antes del juicio, lo que resultó en la absolución de la madre y de la hermana.

A pesar de las denuncias, José María y sus hermanos negaron cualquier responsabilidad sobre el hallazgo de residuos en el terreno, defendiendo que nunca habrían llevado a cabo tales acciones. "¡Jamás se me hubiera ocurrido hacerlo!", afirmó José María durante el juicio, al ser cuestionado sobre el enterramiento de materiales peligrosos cuando la empresa se trasladó a La Cistérniga.

Durante su testimonio, José María explicó que desde la muerte de su padre en 2006, asumió la dirección de la empresa con la ayuda de sus hermanos, quienes no estaban al tanto de que su progenitor había solicitado la autorización para gestionar residuos. Solo se enteraron de la negativa administrativa en 2006, lo que les dejó sin información sobre la legalidad de sus actividades previas.

El empresario no solo rechazó ser el responsable de los vertidos, sino que también negó el uso de los bidones encontrados en la finca durante la actividad de su empresa, así como tener constancia de que se había vendido el suelo industrial como terreno rústico.

Estefanía V.G., quien adquirió la parcela en 2021, se apartó del proceso judicial, pero durante el juicio compartió su frustración: "Mi sueño y todas mis ilusiones se han venido abajo, allí no crece ni maleza". Estefanía se dio cuenta de los problemas del terreno solo después de su compra, al descubrir residuos contaminantes que impedían la realización de su proyecto hípico.

Con la ayuda de un amigo constructor, realizó varias pruebas en el suelo y encontró materiales contaminantes, incluido un líquido oscuro con olor a amoniaco. "El suelo estaba también lleno de tornillos, tuercas... allí no crece ninguna vegetación", lamentó, destacando la falta de respuesta por parte de los acusados ante sus reclamos.

La fiscal de Medio Ambiente mantuvo su acusación contra los tres hermanos, argumentando la falta de permisos para la actividad empresarial y los daños causados a la parcela, evidenciados por informes de la Guardia Civil y análisis del Instituto Nacional de Toxicología, que confirmaron la elevada carga de metales y su potencial riesgo para la salud pública y el ecosistema.

Un perito de la consultora CONGEO también advirtió sobre la contaminación por metales pesados, además de los riesgos que implicaría para la salud de las personas y los caballos que hipotéticamente usarían la finca para deportes ecuestres. "La contaminación es incompatible con esa actividad y supone un riesgo cancerígeno", concluyó el perito.

Los abogados defensores pidieron una absolución, argumentando que las pruebas no vinculaban a sus clientes con el vertido y cuestionaron la metodología utilizada en la recolección de muestras por parte de la Guardia Civil, sugiriendo que la contaminación podría haber sido alterada durante el proceso de análisis.