VALLADOLID, 30 de octubre.

La organización Facua Castilla y León ha hecho un llamamiento a la Junta de Castilla y León para que exija a las empresas de autobuses que operan en trayectos interurbanos la devolución de los gastos incurridos por los usuarios de la nueva tarjeta ‘Buscyl’. Esta situación se debe a que muchas de estas compañías no han instalado los dispositivos de lectura necesarios para validar los viajes de los usuarios.

En una carta dirigida al director general de Transportes y Logística del gobierno autonómico, Facua ha denunciado que, durante el mes de septiembre, muchos titulares de la tarjeta no pudieron utilizarla debido a la falta de equipamiento en los autobuses, obligándolos a pagar con métodos convencionales por sus trayectos.

La asociación ha indicado en su comunicado, que fue difundido por Europa Press, que han recibido numerosas quejas de usuarios que poseían la tarjeta en formato digital, quienes informaron que ciertas líneas de autobús no permitieron el uso de sus tarjetas durante todo el mes de septiembre por la ausencia de los dispositivos necesarios para validar los viajes ofrecidos de forma gratuita.

Esto ha llevado a que, durante varias semanas, los viajeros se vieran forzados a comprar billetes de manera tradicional, a pesar de que las empresas concessionarias estaban obligadas a tener los dispositivos operativos desde el 1 de septiembre, momento en que se implementó el nuevo sistema de transporte ‘Buscyl’.

Facua subraya que, según el artículo 89.4 del Real Decreto Legislativo 1/2007, que regula la protección de los consumidores, imponer cargos adicionales y no solicitados a los usuarios se considera abusivo. De este modo, obligar a los viajeros a pagar debido a la falta de dispositivos para validar sus pasajes resulta en una vulneración de sus derechos y en un obstáculo para que obtengan los descuentos correspondientes.

Adicionalmente, la Ley 2/2015, que establece el Estatuto del Consumidor de Castilla y León, menciona en su artículo 42.1 letra e) que constituye una infracción administrativa el incumplimiento de las normas sobre precios, así como la imposición de condiciones injustificadas que no han sido requeridas por el consumidor. Esto incluye la promoción de condiciones que aumenten indebidamente los precios o oculten partes del costo total a través de métodos de pago.

Por estos motivos, Facua ha instado a la Junta a que conduzca a las empresas de transporte a establecer mecanismos para que los usuarios puedan recuperar las tarifas pagadas por trayectos que debieron ser gratuitos bajo el uso de la tarjeta ‘Buscyl’.