VALLADOLID, 6 de noviembre.

En un hecho que resalta la lucha constante contra el narcotráfico, la Audiencia de Valladolid dará inicio este lunes a un juicio que involucra a tres hombres acusados de estar detrás de una de las mayores importaciones de cocaína en la región. Estos individuos, detenidos durante el verano de 2021, son señalados por haber introducido en España un total de 862 kilos de cocaína procedente de Colombia, un procedimiento que implicaba un ingenioso y peligroso camuflaje mediante la impregnación en carbón vegetal. El juicio, que se había previsto para hoy, se pospuso debido a la enfermedad de uno de los abogados de la defensa.

Los acusados, identificados como Julio Ángel P.A., Gabriel M.G., un ertzaina, y Abdelkrim M., enfrentarán graves cargos que, según la Fiscalía de Valladolid, podrían acarrearles penas de hasta diez años de prisión. Además, se les reclama el pago de multas que equivalen al valor del alijo incautado, que asciende a más de 33 millones de euros. Este caso marca un hito, ya que constituye el mayor tráfico de cocaína desarticulado en Castilla y León hasta la fecha.

La operación que llevó a estas detenciones fue el resultado de más de un año de investigaciones conjuntas entre las autoridades españolas y la Policía Judicial de Portugal. En este operativo, fue arrestado Julio Ángel P.A., conocido narcotraficante bilbaíno que operaba a gran escala tanto en el ámbito nacional como internacional. Utilizaba una compleja red de empresas para disfrazar sus actividades ilícitas, principalmente importando cocaína desde Barranquilla, Colombia, y distribuyéndola en el País Vasco.

El seguimiento de la red se inició a principios de 2020, inicialmente abierto por un análisis de una sociedad vinculada al sector inmobiliario que comenzaba a levantar sospechas. Las importaciones marítimas realizadas por esta empresa, que no guardaban relación con su actividad principal, alertaron a las autoridades de ambos países sobre la posible existencia de un entramado delictivo.

Las indagaciones revelaron una compleja red de empresas interconectadas, muchas de las cuales operaban con poca actividad y en sectores tan diversos como la administración de fincas y la importación de alimentos congelados. El uso de testaferros se convirtió en una estrategia central para ocultar la verdadera identidad de Julio Ángel P.A., un narcotraficante de gran relevancia en el norte de España con antecedentes penales, incluido un arresto previo en Bolivia.

A medida que la investigación avanzaba, las autoridades iniciaron un minucioso seguimiento de Julio Ángel y uno de sus principales colaboradores, Abdelkrim M. Las operaciones mercantiles comenzaron a ser monitoreadas con especial atención, revelando un tráfico significativo a través de un puerto portugués, donde se detectaron importaciones de carbón vegetal que posteriormente fueron inspeccionadas y dieron positivo en cocaína.

Esta operación no solo fue notable por la cantidad de droga incautada, sino también por las técnicas avanzadas empleadas por la organización criminal para esconderla. Al emplear un método químico inédito, los narcotraficantes lograron disfrazar la cocaína como carbón vegetal, eliminando su olor característico y complicando la detección por parte de perros especializados.

El ingenio de los delincuentes se manifiesta en su estrategia de ocultar la droga en un cargamento mayor; de 1.364 sacos transportados, solo 30 contenían la sustancia ilegal, dificultando aún más su descubrimiento. El plan de la organización incluía llevar la mercancía a un almacén a nombre de una empresa fantasma, para después separar el carbón genuino de la droga antes de distribuirla en España.

Con el objetivo de desmantelar esta red, se estableció un dispositivo de control en el que participaron más de 50 agentes de España y Portugal. Este dispositivo buscaba detener a los principales implicados justo en el momento en que se preparaban para recibir y procesar la mercancía en Medina del Campo.

El asalto final se llevó a cabo cuando los contenedores alcanzaron la zona de descarga, resultando en la detención de los sospechosos, incluido Gabriel M.G., otro actor clave en esta trama, quien estaba al tanto de la naturaleza ilícita de las operaciones de alquiler de los almacenes utilizados por la organización.