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Juez dictamina que acosador de Puente debe mantenerse alejado de sus padres

Juez dictamina que acosador de Puente debe mantenerse alejado de sus padres

El autor de este incidente ha realizado una solicitud de dinero a sus propios padres con el fin de no difundir un vídeo comprometedor.

En Valladolid, el psicólogo y bombero Lucas Burgueño fue detenido por presuntos delitos de revelación de secretos, coacciones, amenazas y daños hacia sus padres. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, en funciones de guardia, ha decidido dejarlo en libertad.

Lucas Burgueño, conocido por confrontar al diputado socialista Óscar Puente en un tren hacia el Congreso, compareció ante el juez instructor y se negó a declarar. A pesar de ello, quedó en libertad pero bajo investigación por revelar secretos, atentar contra la intimidad, causar daños y extorsionar, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

Adicionalmente, se le ha impuesto a Burgueño una orden de alejamiento de sus padres, quedando prohibido acercarse a ellos a menos de 300 metros, así como comunicarse con ellos.

Hay que destacar que este mismo juzgado ya tiene una causa abierta contra Burgueño y otras dos personas por estafa, además de un altercado en un establecimiento de hostelería en el cual se fueron sin pagar. A pesar del incidente, en ese momento, no se procedió a su detención.

El pasado domingo, Burgueño fue arrestado por la Policía Nacional tras una orden de búsqueda y detención, a raíz de una denuncia presentada en su contra por presunta revelación de secretos, coacciones, amenazas y daños.

Los familiares del detenido manifestaron su intención de presentar una denuncia por la difusión del mencionado vídeo, ya que se negaron a pagar la cantidad de dinero solicitada por el autor.

Además, los familiares informaron que el acusado los amenazó con enviar personas a su casa para causar destrozos, llegando incluso a cortar el cable de la caldera de gas y dejarla inservible, según la información proporcionada por la Policía Nacional.

Los agentes pudieron comprobar que el vídeo había sido efectivamente difundido a al menos seis personas y que la caldera de gas estaba averiada, lo cual motivó la emisión de una orden de búsqueda en su contra.