En un encuentro reciente, los líderes de las organizaciones agrarias en Castilla y León manifestaron su optimismo respecto a la cosecha de 2025, pronosticando resultados positivos que podrían incluso igualar o superar las más de 8 millones de toneladas recolectadas en 2020. Sin embargo, esta buena noticia se ve empañada por la realidad de precios extremadamente bajos del cereal, que comprometen la viabilidad económica del sector agrícola.

Donaciano Dujo, presidente de Asaja en la región, expresó su frustración ante la situación: “Es inaceptable que, mientras nosotros trabajamos duro en el campo, otros se beneficien desproporcionadamente.” A pesar del pronóstico favorable para la cosecha de 2025, Dujo subrayó que los agricultores y ganaderos enfrentarán serias dificultades económicas debido a los precios insostenibles del cereal.

Por su parte, Lorenzo Rivera, coordinador de COAG, respaldó esta opinión y añadió que, aunque las condiciones climáticas han favorecido la producción, hay que reconocer la influencia negativa de la especulación en los precios. “Con un precio de 180-190 euros por tonelada, estamos hablando de una situación ruinosa para muchos productores,” destacó Rivera, quien estimó que las pérdidas podrían ascender entre 800 y 900 millones de euros en la comunidad.

Estas declaraciones se dieron tras la celebración del Consejo Regional Agrario en Medina del Campo, donde los representantes agrarios firmaron un documento en defensa de los intereses del sector ante las futuras negociaciones de la PAC. Jesús Manuel González Palacín, coordinador de la UCCL, comentó que este acuerdo fortalece la posición de Castilla y León en las discusiones venideras, aunque reconoció que hubo tensiones debido a ciertas “líneas rojas” que necesitaban revisarse para alcanzar un consenso efectivo entre las partes.

Donaciano Dujo también hizo un llamado a facilitar las ayudas agrarias, exigiendo la eliminación de la burocracia innecesaria y la priorización de factores como las condiciones climáticas y el bienestar de los agricultores. “No podemos seguir atados a normativas medioambientales que son irrealizables y que no consideran la realidad del campo,” argumentó.

González Palacín apoyó esta solicitud, enfatizando la necesidad de revisar las exigencias medioambientales que, a su juicio, a menudo resultan “absurdas” y “perjudiciales para el sector.” Propuso que los criterios deben ser viables y no generar un aumento de los costos de producción.

Asimismo, Rivera criticó los fallos evidentes de la actual PAC y abogó por una reconsideración del presupuesto, sugiriendo que ahora es el momento propicio para rectificar aquellos errores en la política agrícola, a pesar de que se discuta una reducción entre el 15 y el 20 por ciento en los fondos disponibles. Un presupuesto robusto se presenta como una necesidad para garantizar el futuro del sector agrícola en la región.