Castilla y León se encuentra una vez más en el centro de la controversia política tras la reciente decisión de la Mesa de las Cortes, donde el Partido Popular y Vox han unido fuerzas para rechazar la inclusión de una moción clave en la agenda del próximo pleno, que se celebrará el 7 y 8 de octubre. Esta moción, impulsada por UPL, busca convocar un referéndum para consultar a la ciudadanía sobre la posibilidad de una autonomía leonesa, un tema sensible que ha suscitado amplios debates en la región.

Desde el Grupo Socialista, la respuesta a este movimiento fue una abstención motivada por consideraciones legales más que políticas. Nuria Rubio, viceportavoz y procuradora por León, argumentó que la moción hacía referencia a un "mandato jurídicamente imposible de cumplir". Además, señaló que los errores detectados en el texto original llevaron a una modificación que alteró su sentido, lo que complicó su admisión.

En apoyo a esta decisión, Ricardo Gavilanes, portavoz del Grupo Popular, reafirmó que la imposibilidad legal de cumplir con la moción fue la razón detrás de su rechazo y no una motivación política, desmarcándose así de los comentarios de críticos como Luis Mariano Santos de UPL y miembros del Grupo Mixto, quienes han tildado esta acción de censura.

Dando continuidad a esta línea, Gavilanes sostuvo que la propuesta de UPL estaba mal estructurada, una opinión compartida por David Hierro, portavoz de Vox, quien instó a los leonesistas a presentar correctamente sus mociones en lugar de dejarse guiar por un “apagón político”. Su ironía apuntó incluso al hecho de que tras dos décadas de demandas sobre este tema, UPL aún no ha logrado formular una propuesta sólida.

Por su parte, Luis Mariano Santos expresó con desánimo que la inadmisión no era sorprendente y lo atribuyó a un temor latente hacia el leonesismo y su creciente sentimiento de descontento hacia la Comunidad Autónoma. Santos aprovecho para motivar a los ciudadanos de León, Zamora y Salamanca a que se prepárense para las próximas elecciones autonómicas, programadas para marzo de 2026, y consideren el papel del PP y Vox en esta situación.

“Recordemos que se nos ha negado la oportunidad de debatir y que los ciudadanos tendrán otra ocasión para expresar su voluntad”, subrayó Santos, considerando el 15 de marzo como un momento crucial para decidir sobre su autonomía.

Las críticas no se detuvieron ahí, ya que Francisco Igea y Pablo Fernández, del Grupo Mixto, denunciaron la "tropelía" que significa impedir el debate en lugar de basar la decisión en consideraciones más bien políticas. Según ellos, este tipo de acciones reflejan un ambiente de creciente tiranía dentro de las Cortes de Castilla y León.

“Este tipo de decisiones están llevando a un punto de dictadura que es inaceptable”, enfatizó Fernández, quien recordó que mientras se fuera a silenciar la discusión sobre autonomía leonesa, se permitiría debatir una proposición de ley de Vox que busca regular la legalidad de partidos políticos. Igea concluyó que la inadmisión de la moción solo servirá para fortalecer el apoyo a UPL, previniendo un futuro más sólido para este movimiento en el ámbito legislativo.