El 20 de junio, en la ciudad de Zamora, se ha dado un paso importante en la lucha por la preservación de los servicios ferroviarios de alta velocidad en la región. Un Juzgado local ha decidido iniciar diligencias tras la denuncia presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL) y varios grupos sociales, entre ellos TerraSOStenible, Viriatos Zamora y Agricultores y Ganaderos Libres, que se oponen a las recientes supresiones de frecuencias del AVE en la estación de Sanabria.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 5 ha emitido un auto el 10 de junio de 2025, que muestra interés por investigar la cuestión, al detectar indicios de un posible "delito no especificado". Este movimiento judicial ha permitido que el caso pase a manos de la Fiscalía, según informan fuentes cercanas a Viriatos Zamora.

Este avance es un signo prometedor para las organizaciones denunciantes, especialmente después de la desestimación de su recurso de reforma del 12 de julio de 2025, que pedía una medida cautelar. El tribunal ha reconsiderado la situación y ha encontrado fundamentos suficientes para llevar a cabo una investigación más exhaustiva.

La Fiscalía ahora tiene la responsabilidad de definir con precisión la naturaleza del presunto delito y establecer las posibles responsabilidades asociadas, han señalado las mismas fuentes.

Los representantes de los grupos implicados han expresado su satisfacción por el reciente auto, afirmando que valida sus preocupaciones: "La eliminación de los servicios del AVE trasciende una mera decisión administrativa y podría constituir un ilícito penal". Consideran esta decisión como una previa victoria para los habitantes de Sanabria y la comarca, quienes están viendo cómo se empieza a considerar la gravedad del desamparo en un servicio público vital.

Las organizaciones también han destacado el impacto que ha tenido la cancelación de las paradas del AVE en los horarios de 8.46 y 9.35 desde Otero de Sanabria, así como la llegada a las 8.15 horas. Estas suprimidas frecuencias son cruciales para el acceso a servicios básicos, como la sanidad y la educación. Remarcan que la línea AVE entre Madrid y Zamora, desde diciembre de 2022, tiene el estatus de Obligación de Servicio Público, lo que garantiza su funcionamiento. A pesar de recibir sustanciales compensaciones del Gobierno, Renfe no está cumpliendo con este compromiso, subrayan.