VALLADOLID, 31 de julio. La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Castilla y León ha hecho un llamamiento a la Junta para que se autorice la cosecha de cereal en tierras que forman parte del ecorregimen de Biodiversidad antes del 1 de septiembre. Esta solicitud se presenta como una medida excepcional, motivada por la alarmante proliferación de topillos, que están causando estragos en viñedos, cultivos de alfalfa, girasoles y otros productos agrícolas en diversas regiones de la Comunidad.

La organización agraria ha señalado que la presencia de estos roedores en los viñedos conlleva consecuencias muy graves. Este impacto no solo se sentirá en la presente campaña, sino que las secuelas serán visibles en las cosechas futuras, dado que los topillos afectan las yemas y los brotes. Esta situación podría tener efectos negativos duraderos, complicando la próxima poda y el desarrollo saludable de las viñas.

Desde UPA se ha enfatizado que los roedores están atacando las puntas de los racimos y dañando las varas de las viñas, lo que resulta en pérdidas tanto a corto como a largo plazo. La falta de yemas adecuadas puede dar lugar a un crecimiento ineficiente en años venideros, lo que afectará la producción de fruta en los viñedos.

Además, UPA ha solicitado a la Junta que inste a las diputaciones y a los ayuntamientos a realizar labores de limpieza y desbroce en reservorios, caminos y áreas que puedan servir de refugio para los topillos. Estas acciones son vistas como un paso crucial para controlar la situación actual.

El organismo agrario ha manifestado que la Junta está al tanto de la situación y ha destacado que los técnicos han verificado de manera presencial la gravedad del problema en varias áreas. UPA ha expresado su confianza en que se implementen medidas extraordinarias para el control y la prevención de estos roedores, así como una flexibilización de las normativas, dada la alta densidad de la población de topillos tanto en los reservorios como en los cultivos.

Finalmente, UPA ha insistido en que no deben ser los agricultores quienes paguen el precio más alto debido a prácticas agronómicas sostenibles, tales como la no labranza de calles o la promoción de cubiertas vegetales en cultivos leñosos. Estas prácticas están alineadas con las normativas de los ecorregimenes y son fundamentales para preservar la sostenibilidad agrícola. La OPA ha advertido sobre la crisis actual, sugiriendo que puede agravarse en el corto plazo si no se toman medidas adecuadas.