El juicio en el marco de la 'Operación Almendro' se ha centrado en la acusación contra ocho individuos presuntamente involucrados en el narcotráfico, quienes fueron arrestados en mayo de 2024 en diferentes localidades como Valladolid, Madrid y Zamora. El fiscal ha mantenido su postura en cuanto a las penas solicitadas, que suman un total de casi 61 años de prisión y multas que ascienden a 438.500 euros, aunque ha realizado un ajuste en la solicitud destinada a Enrique S., un acusado que ha reconocido su culpabilidad y que enfrenta ahora una condena de seis años y un día, además de una sanción de 16.500 euros.

Durante la presentación del caso, el fiscal argumentó que las pruebas recabadas durante las dos sesiones de juicio demostraron la existencia de un grupo criminal organizado, donde cada miembro asumió un rol específico en la actividad de adquisición y distribución de drogas en varias ubicaciones. La acusación detalla la operativa del grupo, sugiriendo que se habían “compinchado” para llevar a cabo esta actividad delictiva.

Dentro de esta estructura, se ha identificado a Javier M. ('Mota') como el supuesto líder, quien se encuentra en el punto de mira debido a la incautación de drogas, principalmente cannabis y cocaína, en su vivienda en Madrid, valoradas en 3.665 euros. Además, se señala a Tamara G., una vallisoletana residente en Madrid, como la “taxista” encargada de transportar a los miembros de la red, quien supuestamente utilizaba un trastero en Laguna de Duero donde se encontraron drogas valoradas en 2.182 euros. Verónica C. y otros cuatro coacusados, incluidos residentes de Madrid y el propio Enrique S., también enfrentan diversas imputaciones relacionadas con la tenencia y distribución de sustancias controladas.

El fiscal, al presentar su requisitoria final, ha demandado penas severas para varios de los implicados. Las peticiones de condena incluyen diez años y tres meses de prisión para José Ignacio S. y Tamara G., así como otros castigos significativos para los coacusados. A pesar de las acusaciones, las defensas han insistido en la falta de pruebas y han solicitado la absolución de sus clientes, argumentando la nulidad de las pruebas obtenidas a través de escuchas y registros que consideran ilegales.

Durante su declaración, los acusados mantuvieron su inocencia. Tamara G., por ejemplo, argumentó que simplemente almacenaba en su trastero efectos personales y que las sustancias encontradas eran para su consumo. Afirmó que su conexión con 'Mota' estaba relacionada únicamente con su función como asistente en su trabajo de pintura, no en actividades ilícitas.

Verónica, también acusada, respondió a las preguntas de la fiscalía y despejó las afirmaciones en su contra, indicando que nunca tuvo acceso a la llave del trastero en cuestión. Por su parte, Jesús C.M., otro de los implicados, negó estar involucrado en el tráfico de drogas, aunque admitió su batalla contra la adicción.

El último en hablar, José Ignacio S.C., se defendió así mismo, recordando al tribunal que no fue objeto de registro ni se le encontró ningún material ilícito relacionado con la 'Operación Almendro'. Como resultado de estos testimonios, la decisión final sobre el destino de los acusados ahora recae en el tribunal, que tomará este asunto muy pronto.