VALLADOLID, 29 de agosto.

Este pasado viernes, aproximadamente 500 personas se congregaron frente a las Cortes de Castilla y León, en Valladolid, en el marco de la comparecencia del presidente Alfonso Fernández Mañueco. La manifestación exigía un sistema de gestión forestal "público y estable", así como la responsabilidad política de los actuales gestores, incluyendo la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el cese del director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz.

La convocatoria, que comenzó a las 10:00 con el lema 'Mala gestión ¡Quiñones dimisión!', estuvo compuesta por una amplia representación de colectivos ciudadanos, asociaciones, sindicatos y partidos políticos que denunciaron la privatización de la lucha contra los incendios, la carencia de recursos y la ausencia de un plan público de prevención activo durante todo el año.

Los manifestantes portaban pancartas que denunciaban la situación de los bosques de la región, con lemas como 'Castilla y León quemada por la Junta' y 'Ley de bomberos forestales ya'. También se mostraron recortes de prensa con declaraciones del propio Suárez-Quiñones, quien había calificado de "absurdo" mantener el operativo de incendios durante todo el año.

Durante la acción, se escucharon consignas contundentes como "Los incendios se apagan en invierno" y "Más bomberos, menos toreros", evidenciando el creciente descontento hacia las autoridades. La demanda de "Forestales públicos y estables" resonó entre los asistentes, así como llamados directos a la dimisión de los responsables políticos, acusándolos de llevar a cabo una gestión inadecuada.

Simbolizando su descontento, bomberos forestales realizaron un acto provocativo al quemar bolsas de paja y carteles con la imagen del consejero, generando una nube de humo negro frente al edificio de las Cortes.

En declaraciones a los medios, Esaú Escolar, representante del Sindicato de Agentes Medioambientales de Castilla y León, denunció la privatización extrema del operativo contra incendios en la comunidad, sugiriendo que "es el más privatizado de todo el país". Escolar instó a la creación de un dispositivo público que funcione durante todo el año, destacando la necesidad de aumentar el presupuesto para la prevención, señalando que la falta de inversión previamente ha llevado a mayores gastos en la extinción.

Por su parte, Carlos Arenas, vicesecretario de UGT en Servicios Públicos, recordó que tras los devastadores incendios de 2022, se acordaron mejoras para el operativo, las cuales no han sido cumplidas como era esperado. Arenas destacó la importancia de establecer un sistema de emergencias integrado y bien equipado para la comunidad.

Francisco Javier García, líder federal de bomberos forestales de UGT, coinció en que priorizar lo privado sobre lo público tiene consecuencias letales. "Este modelo solo beneficia a quienes buscan hacer negocio", aseguró García, insistiendo en que se requiere un cambio en la forma en que se abordan estos problemas.

En la misma línea, Sara Mateos, delegada de CSIF y agente medioambiental, expresó que las excusas para la actual situación son inaceptables, afirmando que la gestión de incendios forestales es una "vergüenza" que podría haberse prevenido.

Entre los diversos grupos presentes se hallaban formaciones políticas como Acción Castilla y León, Alianza Verde y otros sindicatos, además de la presencia de líderes políticos como Carlos Martínez del PSCyL y Pablo Fernández de Podemos, quienes mostraron su apoyo a los manifestantes.